Los juicios por divorcio se resolverán en diez días en caso de mutuo acuerdo

Simplificar los requisitos para la separación y el divorcio permitirá ahorros importantes de tiempo y dinero a los ciudadanos y al erario público. El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de reforma del Código Civil seguro de que servirá además de instrumento eficaz en la lucha contra la violencia de género, que se acrecienta en los procesos de ruptura de la pareja, y reforzará la protección de los menores implicados. Después de 23 años de rodaje, la ley del divorcio de 1.981 -motejada la Fermina por su aprobación un 7 de julio y coja de nacimiento por la hostilidad de la Iglesia católica y la debilidad del Gobierno de la UCD que la gestó- recibe una puesta al día acorde con los tiempos. La modificación suprimirá el doble procedimiento judicial obligatorio de separación y divorcio y, sobre todo, las trabas que imponía al ejercicio de la libre voluntad de los implicados. «Si basta la voluntad para casarse, debe bastar la voluntad para la separación», resumió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Los retoques previstos en el Código Civil acaban con el listado de causas alegatorias que una de las partes tenía necesariamente que invocar para solicitar la separación y/o el divorcio: desde la infidelidad al abandono del hogar, desde el alcoholismo al cese de la convivencia. Nadie tendrá que culparse o culpar al otro, fueran ciertos o no los motivos esgrimidos, para cumplir con el formalismo a que obliga ahora la ley incluso en las rupturas de mutuo acuerdo. A los tres meses de la boda El matrimonio podrá divorciarse de forma directa con que lo solicite uno de sus miembros pasados tres meses de la boda. Si hay acuerdo entre ambos, la disolución del vínculo podría estar lista en un máximo de dos meses; si hay litigio, los tribunales resolverán en un plazo de seis meses. En los próximos meses comenzarán los ensayos de juicios rápidos para divorcios. La figura de la separación se mantendrá para aquellas parejas que por motivos religiosos, de conciencia o personales, no quieran divorciarse. El ahorro de tiempo y trámites de la reforma aprobada hoy en Consejo de Ministros se medirá en dinero para todas las parejas en ese trance, 126.000 el año pasado. Según las estimaciones del Ministerio de Justicia, no menos de 1.080 euros en los procesos de mutuo acuerdo, y unos 1.700 euros mínimo si se acude a los tribunales, al eliminar la mitad de los gastos de abogado y procurador del doble procedimiento actual. Con todo, el principal ahorro no será el económico, «sino el emocional», aseguró el ministro de Justicia. Procesos que se alargan de tres a seis años, según sean pacíficos o tormentosos, suponen siempre un desgarro moral importante a todos los miembros de la familia rota que la administración de Justicia no debe en ningún caso agravar, señaló Juan Fernando López Aguilar. Con este enfoque, la reforma pretende contribuir también a la lucha contra la violencia de género. Los trámites interminables a que obliga ahora la ley acrecientan la tensión, y en «dos de cada tres casos de violencia doméstica la pareja estaba en proceso de separación», recordó Fernández de la Vega. Con la reforma en vigor, en los casos de maltrato no será preciso esperar tres meses desde la boda para pedir el divorcio. La custodia compartida La futura regulación del divorcio permitirá a los padres que rompan de mutuo acuerdo decidir sobre el futuro de sus hijos; podrán optar por atribuir la patria potestad de los hijos a uno de ellos, o bien la custodia compartida. «Es una opción que se abre y que fomenta la corresponsabilidad de ambas partes», señaló López Aguilar, pero «en ningún caso se impondrá nunca la custodia compartida a cónyuges que no lo deseen y nunca en contra del bienestar de los menores». En todo caso, la última palabra la tendrá siempre el juez; si hay consenso entre los padres, supervisará y validará el régimen de patria potestad acordado; si no lo hay, decidirá con quién se quedan los hijos, como ocurre ahora. López Aguilar trataba de tranquilizar a las organizaciones feministas que se oponen a esa vía de custodia compartida. El ministró aseguró que las consultas sobre el anteproyecto que ahora se abren incluirán también el diálogo con las organizaciones sociales más afectadas por la reforma. Las pensiones podrán ser vitalicia, temporal o a tanto alzado.