La jueza investigará el contrato del Yak y las identificaciones de las víctimas

La Audiencia Nacional investigará la forma en que se produjo la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo, y las posteriores negligencias y errores en el proceso de identificación de los cadáveres. La juez Teresa Palacios, que con anterioridad había rechazado en dos ocasiones hacerse cargo del caso, cambió ayer de criterio y solicitó informes al Ministerio de Defensa y a las autoridades turcas sobre las circunstancias que rodearon el siniestro y el modo en que se llevaron a cabo las necropsias de los fallecidos. La magistrado solicita al departamento que dirige José Bono una «copia autentificada» del dictamen 'Información previa' sobre el accidente, elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún en diciembre de 2003. También pide a las autoridades turcas que le remitan una copia del informe pericial sobre las causas del siniestro y un listado con los nombres de las personas que iban en el aparato y murieron en el siniestro. Imputación de dos generales Sobre la investigación de los fallos en las identificaciones, Teresa Palacios reclama a Defensa los originales de los documentos generados por funcionarios españoles durante su actuación en Turquía. Cuando revise esos papeles, decidirá si llama a declarar como imputados, como pide el fiscal Antonio Burgos, a los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro -ya en la reserva-, que firmaron el documento que certificaba la entrega al Gobierno español de los cuerpos de los soldados, en el que admiten que 30 de ellos no habían sido identificados. Tras estudiar los documentos la juez dividirá en dos la investigación según los delitos que puedan haberse cometido. Por un lado investigará posibles omisiones cometidas por los responsables de Defensa y mandos militares que estaban obligados a vigilar el cumplimiento de los contratos suscritos con la agencia de la OtanNamsa y a velar por la integridad física de sus subordinados. Por otro, los derivados de las negligencias en la identificación de los restos, que provocaron que treinta cuerpos fueran entregados a familias que no eran la suya. En el documento «Información Previa», que fue enviado al Congreso de los Diputados, Defensa reconocía que antes del siniestro hubo varias quejas de mandos militares sobre el modo en que se realizaban los envíos de tropas. Concluía que esas quejas sugerían que el servicio de transporte de soldados «no se prestaba en condiciones óptimas». Sin embargo responsabilizaba a Namsa, pues según el instructor debía vigilar la ejecución del contrato con la contratista aérea Chapman Freeborn, que a su vez subcontrató el aparato.