Diario de León

| Reportaje | El decenio ominoso |

Guerra por una bolsa de basura

Nadie quería un CTR, pero tampoco nadie sabía lo que era un CTR; más de diez años de enfrentamientos políticos y vecinales han protagonizado la larga historia de la planta

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M.R. - león
León

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El CTR es hoy una realidad cercana, pero desde hace más de diez años León, sus políticos y sus pueblos, han estado envueltos en una espiral de tensión que en muchos casos se trasladó a momentos violentos y a auténticas batallas campales. La alarma de la basura comenzó a sonar en León durante el mandato de Juan Morano. El vertedero de Santovenia de la Valdoncina, donde la capital depositaba sus residuos, no daba más de sí. La saturación que arrastraba lo había transformado en un gigantesco foco de infección a muy pocos kilómetros de la ciudad. No menos preocupante era la situación en el ámbito rural. Velilla de la Reina, Carrizo de la Ribera y Cimanes del Tejar eran aún en 1994 los terrenos elegidos para hacer el macrovertedero de León. Pero fue Morano quien descartó esta posibilidad poco antes de unas elecciones. A partir de entonces, nadie se preocupó seriamente por dar una solución a un problema que empezaba a plantear serios costes políticos. En 1995, la Diputación de León dio un primer paso. La institución encargó una auditoría técnica sobre la viabilidad de crear un único vertedero para toda la provincia. La conclusión era de esperar: no sólo se consideraba factible, sino que se veía como un elemento imprescindible para zanjar la saturación de los vertederos. Se barajan los primeros pueblos Este informe comenzó a levantar las primeras ampollas. Se barajaban los primeros nombres de poblaciones para instalar el macrodepósito y la oposición no se hizo esperar. El valle de Camposagrado, Cuadros y Valsemana, el del Ferral del Bernesga o el ubicado entre la Venta de la Tuerta y Riosequino eran los candidatos. Esto ocurría en el mes de octubre. En diciembre, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ofrecía suelo a la Mancomunidad (León, San Andrés, Villaquilambre, Valverde de la Virgen, Sariegos, Cuadros y Santovenia) para una planta de tratamiento valorada en 2.000 millones de pesetas. El caso del Ferral El ofrecimiento lo hacía el equipo de gobierno de Manuel González Velasco, por entonces del PP. Empezaba una dura lucha vecinal alentada en cierto modo por el PSOE local, encabezado en aquella época por Miguel Martínez. La reacción contra el proyecto se mantuvo cuando, tiempo después, Martínez se hacía con la Alcaldía de San Andrés. Las posturas se empiezan a enconar y los partidos, ya a un nivel provincial, entran en una guerra que se va radicalizando hasta el punto de dilatar el problema durante un decenio. Los vecinos de El Ferral, en concejo, dieron su no a la planta y suspendieron las negociaciones con el grupo de trabajo que estudiaba su idoneidad. Ahora sólo quedaba Rioseco de Tapia como segunda opción. Descartado por filtraciones Parece que en esta ocasión posibles problemas de filtraciones y de aguas subterráneas desaconsejaron el proyecto, a tenor de las conclusiones que extrajo el Instituto Geominero de España. La Diputación empezaba otra vez de nuevo, y los pueblos, cualquiera que fuere, se encontraban en pie de guerra. Ya nadie quería albergar la planta. El siguiente elegido fue Villamartín de don Sancho. Era ya el año 1997. La oposición de los vecinos fue, quizá, la más violenta de cuantas se hayan vivido en este proceso. Los lugareños se sintieron traicionados por su pedáneo, quien no se opuso al dictado del entonces presidente de la institución, José Antonio Díez, ya decidido a acabar de una vez por todas con el problema. Un domingo por la tarde, el pueblo se convirtió en una auténtica batalla campal, con piedras y palos de por medio. Basura fuera En ese momento, la situación era insostenible. El vertedero de Santovenia tenía 650.000 toneladas más de las que podía acoger. Y es el momento en el que León se plantea por primera vez enviar a vertederos como el de Calzada del Coto su basura. Y más tarde a otras provincias, fuera al coste que fuera. En 1998, cuando ya estaba creado el consorcio provincial para la gestión de los residuos sólidos urbanos, se decidió por unanimidad -un pacto tácito acalló al PP y al PSOE- la ubicación de San Román de la Vega. La oposición vecinal se mantuvo firme durante meses, pero los informes técnicos daban prioridad a este valle frente a los otros dos alternativos: Villaquejida y Santa María del Monte Condado. Todos hablaron de un «día histórico». Ayer había la misma impresión.

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