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| Análisis | Lagunas normativas |

El panorama nacional desafina

El problema de la enseñanza musical no atañe sólo a León, la mala situación que vive la música en la comunidad y a nivel nacional ha suscitado la atención del Defensor del Pueblo

La situación que vive la enseñanza musical en la comunidad ha suscitado la respuesta del Procurador

Publicado por
Guzmán González - león
León

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El compromiso de las instituciones a nivel autonómico y nacional brilla por su ausencia. La situación de olvido a la que se ve abocada la música en León no es un caso aislado. En Castilla y León existen once conservatorios de música, de los cuales siete dependen a todos los efectos de la Junta de Castilla y León. Sin embargo la responsabilidad de los cuatro restantes -entre ellos el de León- se la reparten los ayuntamientos, la Diputación correspondiente o bien un binomio entre ambos. La dualidad de criterios y la bifurcación de responsabilidades genera un desencuentro donde los proyectos se quedan en promesas y las promesas... ya se sabe, se las lleva el viento. El buenos días en estos casos da paso al «vuelva usted mañana», término acuñado con suma precisión por Larra, un adelantado a su tiempo. La existencia de un sólo Conservatorio de enseñanza superior en la mayor comunidad de España manifiesta sólo la punta del iceberg. En el curso 2002-2003, cerca de 200 alumnos terminaron los estudios musicales de Grado Medio en Castilla y León; las solicitudes para acceder al Grado Superior -Salamanca- el curso siguiente sumaron 439 peticiones, de las cuales sólo recibirían acomodo en el Conservatorio de enseñanza Superior 68 alumnos, cuando las plazas vacantes eran 92. Cierto es que la demanda se concentra en las especialidades instrumentales pero no menos cierto es que de entre las 23 opciones, 18 de ellas ofertaban menos de 5 plazas -ocho de ellas presentaban una o dos vacantes-. La situación cobra mayor trascendencia cuando la cifra de alumnos procedentes de Castilla y León no suma ni la tercera parte del total de admitidos. 44 alumnos tuvieron que cursar sus estudios superiores alejados de su autonomía y 111, algunos de ellos pasando incluso la prueba de acceso, se quedaron sin plaza. Tal es la situación que el Procurador del Común primero y el Defensor del Pueblo después se han hecho eco de los problemas derivados de la ausencia normativa y el escaso compromiso de las instituciones competentes. No obstante el problema no es nuevo, las irregularidades se suceden año tras año y los parches -utilizados generalmente para «tapar un agujero», matiza la Rae- no han servido más que para postergar el reventón. Pasando la patata caliente que se dice.