La Ley de Violencia de Género pasa el trámite de Comisión, supeditada a nuevas negociaciones
Los grupos parlamentarios decidieron ayer seguir negociando la próxima semana un acuerdo en torno al proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género y en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso se limitaron ayer por la tarde a permitir la aprobación del dictamen y de 22 enmiendas del PSOE, con los únicos votos favorables del PSOE y la abstención del resto. La mayoría de las más de 400 enmiendas parciales presentadas por el resto de grupos se mantienen para el debate en el pleno, después de que todos los parlamentarios «se abstuvieran por asentimiento». En definitiva, hubo un acuerdo unánime para dejar la puerta abierta a todas las propuestas de modificación del texto del Gobierno a fin de alcanzar un consenso en torno a la Ley sin retrasar su debate en el pleno de la Cámara Baja del próximo jueves 7 de octubre. Reunión a puerta cerrada De esta forma, los grupos se dan nuevo margen de negociación y se han citado a una reunión a puerta cerrada el miércoles, víspera del debate de la Ley en el pleno del Congreso, para intentar un acuerdo sobre los puntos más polémicos. Tras la reunión, los grupos podrían decidir retirar enmiendas parciales si consideran que los acuerdos reflejan sus posiciones en el texto que finalmente debata el hemiciclo. Para asegurarse de que este acuerdo se realizaría en los términos fijados, los grupos parlamentarios aceptaron que los socialistas incorporasen sus nuevas propuestas al dictamen de la Comisión, que podrán ser modificadas a través de las enmiendas parciales que mantienen el resto de Grupos o de nuevas redacciones pactadas. A este proceso, más que al debate en profundidad de la iniciativa, se dedicaron durante dos horas y media de reunión de la Comisión, que tuvo que realizar primero un receso de más de una hora para acordar los trámites y luego otro de más de media hora para establecer el sistema de votación, y a los que tuvieron que acudir los dirigentes de los grupos socialista y popular, Diego López Garrido y Ana Torme. En cualquier caso, hoy por hoy la introducción de las enmiendas socialistas hace que el dictamen de la Comisión no elimine la discriminación positiva penal a la mujer al mantener la elevación a delito de las amenazas y coacciones leves cuando son cometidas contra la esposa o la pareja, pero incorpora una nueva elevación del delito de amenazas y coacciones leves cuando son cometidas contra grupos especialmente vulnerables.