Por una Europol más fuerte
Los ministros de Interior de España, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, es decir, los cinco países de mayor población de la UE agrupados en el llamado G-5, acordaron este lunes trabajar en común para que Europol, la Policía europea, sea cada vez más sólida y efectiva. Reunidos en Florencia en un encuentro informal, que no tiene poder de decisión pero sirve para trazar líneas maestras de actuación, los ministros estuvieron de acuerdo en que reforzar Europol es la mejor forma de combatir el terrorismo internacional. Se trata sobre todo de compartir bases de datos. «Debemos profundizar en el intercambio de informaciones preventivas sobre pasajeros y sobre pasaportes perdidos o falsificados», precisó el ministro italiano, Giuseppe Pisanu. La clasificación y control de la documentación de cada ciudadano es una de las prioridades y para ello se deben homologar en toda la UE pasaportes, visados y permisos de trabajo. En este sentido, los integrantes del G-5 anunciaron que para 2006 será obligatorio incluir en el pasaporte la huella dactilar del titular. En España es rutinario desde hace décadas, pero en la mayoría de los países de la UE constituye una novedad. Pisanu, como anfitrión, también señaló que hay «significativas analogías» entre los cinco países para agilizar las expulsiones de extranjeros sospechosos de actividades ilegales o terroristas y para crear una base de datos común que permita que sean fichados simultáneamente en cada país miembro. Pero definir quién es sospechoso de ser un terrorista sin que haya pruebas para detenerlo es una tarea muy delicada y un grupo de expertos se encargará de establecer los criterios legales. El asunto de mayor enfrentamiento fue la controvertida idea de crear centros de acogida para inmigrantes, financiados por la UE en los países del norte de África. Una especie de ventanillas en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, los puntos donde se agolpan los miles de personas que cada día tratan de alcanzar España o Italia por mar. Esta medida, duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos, ha sido lanzada por Alemania e Italia, pero chocó con la posición de España y Francia.