El Gobierno anulará la prisión para quien convoque un referéndum ilegal

José Luis Rodríguez Zapatero se está aficionando a los golpes de efecto políticos durante las sesiones de control al Gobierno. Ayer, aprovechó una pregunta del diputado del PNV Josu Erkoreka para anunciar la derogación de la ley que establece penas de prisión para quien convoque de manera ilegal un referéndum. La ley fue apro-bada por el Gobierno anterior con los únicos votos del PP y su objetivo era contrarrestar la intención del lendakari de someter a una consulta popular el denominado plan Ibarretxe. La legislación que el Gobierno quiere derogar podría afectar también al presidente catalán, el socialista Pasqual Maragall, que también ha anuncido una consulta popular sobre la reforma del estatuto en caso de que el Congreso rechazara la propuesta que emane del Parlamento catalán. Zapatero anunció que hoy mismo el Grupo Socialista presentará una Proposición de Ley Orgánica para derogar la reforma del Código Penal introducida por el Gobierno de Aznar. Erkoreka había recordado al presidente su rechazo a esa ley y su com-promiso de derogarla en caso de que llegara al Gobierno. Zapatero se ratificó «plenamente» en el rechazo a esa reforma a la que tachó de «desafortunada, superflua e inapropiada». Aseguró además que la forma en la que el Gobierno del PP había aprobado esa ley es poco respetuosa con el funcionamiento normal del Parlamento. Agradecimiento del PNV Tras anunciar la iniciativa parlamentaria se mostró convencido de habrá «un cupo importante de grupos de la Cámara» que respaldarán al Grupo Socialista. Erkoreka agradeció el anuncio y aseguró que la derogación de la ley es urgente «no para salvar a tal o cual presidente democrático, sino para salvar la democracia misma, las libertades, la libertad ideológica y el pluralismo político». La reforma introducida por el PP fue polémica no sólo por su contenido sino también por la tramitación. El Ejecutivo utilizó una enmienda a la Ley de Arbitraje en el Senado para modificar el artículo 506 del Código Penal. Los votos del PP sirvieron para que se estableciera una pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta entre seis y diez años a la autoridad que convocase o autorizase elecciones generales, autonómicas,locales o consultas populares por vía de referéndum sin tener autoridad para ello. La reforma se aprobó en el Senado en noviembre y cuando fue votada en el Congreso, el 18 de diciembre, ningún grupo de la oposición la respaldó. Muchos diputados, varios socialistas, alzaron las manos al grito de «manos arriba esto es un atraco».