Hernando quiere a Ibarretxe en la cárcel si convoca un referéndum
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, la máxima autoridad judicial del país, mostró ayer su total desacuerdo con la intención del Congreso de suprimir del Código Penal el delito que llevaría en la cárcel al lendakari Juan José Ibarretxe si convoca un referendo ilegal. El Gobierno, conocedor del rechazo a la propuesta de la mayoría conservadora en el órgano rector de la carrera judicial, optó por que fuese el PSOE quien presentara una proposición de ley para sacar adelante la iniciativa en vez de la fórmula del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que exige el preceptivo informe de este organismo antes de que el Consejo de Ministros apruebe su envío al Parlamento. Hernando aseguró que «mientras el señor Ibarretxe no rectifique, subsisten las razones» que llevaron al Gobierno de José María Aznar a introducir en el Código Penal el año pasado un delito que condena con penas de prisión de tres a cinco años al responsable político que convoque de forma ilegal consultas populares. El máximo responsable del Poder Judicial afirmó que «lo digo aquí y lo digo en cualquier sitio: (el 'lehendakari') lanzó un reto al Estado cuando vino a decir que él llevaría adelante su plan cayese quien cayese, y que si tiene que consultar mediante referendo lo hará». El presidente del Supremo sostuvo que ante el desafío de Ibarretxe «el Estado español, el único que hay, tenía que dar una respuesta» y que ésta tiene que ser «incriminar lo que es una ilegalidad». En un Estado de Derecho, prosiguió, «el Estado debe activar medios de defensa, porque hay conductas que pueden tener consecuencias punibles y ésta es una de ellas». El Gobierno no se mostró sorprendido por esta reacción del máximo responsable de la judicatura. La esperaba, y por eso prefirió que el PSOE impulsara una proposición de ley para sacar adelante la iniciativa, porque esta vía soslaya el trámite de tener que solicitar el parecer del Poder Judicial antes de remitir el texto al Congreso.