España aparcará su reivindicación sobre la soberanía de Gibraltar

El Gobierno quiere aparcar de forma momentánea la reivindicación de la soberanía de Gibraltar y cooperar con sus autoridades en la solución de problemas que complican la vida a sus habitantes. Son restricciones y dificultades que los llanitos atribuyen a la política española hacia la Roca y que afectan a los ámbitos económico, financiero y ambiental. El Ejecutivo está dispuesto a superarlas y a «buscar vías de avance» distintas del Proceso de Bruselas para demostrar su buena fe, aunque eso suponga dejar en suspenso las negociaciones con Gran Bretaña sobre la soberanía. Los gobiernos español y británico hablarán del asunto hoy en la reunión que sus ministros de Exteriores mantendrán en Madrid. Un portavoz del ministerio español indicó que el Ejecutivo quiere superar la «fase crítica» que desató la celebración del tercer centenario de la conquista de la colonia y el bloqueo de las conversaciones con Gran Bretaña para entrar en una nueva etapa «de diálogo constructivo». La voluntad es «poner el énfasis en la cooperación local» en el Peñón y la zona del Campo de Gibraltar para tender puentes y ganarse a la población. El Gobierno de Zapatero cree que las posiciones de fuerza o las medidas que dificultan la vida de los gibraltareños «no ayudan», «distorsionan» e incluso «imposibilitan» los avances. Este portavoz aclaró que el Gobierno «no cambiará ni olvidará» la reclamación de la soberanía, pero quiere superar la tradicional dinámica de negociación basada en que si no hay avances en soberanía tampoco hay contactos diplomáticos. «Trabajar con la gente de Gibraltar siempre es bueno», subrayó, porque «produce efectos beneficiosos» y «fomenta la confianza». Las negociaciones de 2001 y 2002 entre los gabinetes de Aznar y Blair dentro del Proceso de Bruselas «fracasaron» cuando estaban cerca de lograr un acuerdo de soberanía compartida, y después el referéndum en la colonia -en el que el 98% de sus habitantes dijeron «no» al posible pacto- empeoró la situación. El Gobierno desea explorar otros caminos porque, aunque no reconozca la validez jurídica de aquella consulta, «la realidad (el rechazo de los llanitos a ser españoles) está ahí». De momento, el Ejecutivo ha llegado a acuerdos con el Reino Unido, las autoridades gibraltareñas y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El director general de Exteriores para Europa y América del Norte, José Pons, se reunió dos veces en los últimos meses con el ministro principal del Peñón, Peter Caruana, y el presidente de esa mancomunidad, con quienes acordó crear un Comité Conjunto para mejorar las condiciones de vida en la región.