Instan al Gobierno a que el Constitucional revise la carta magna europea

El referéndum sobre la Constitución europea está en el aire y los plazos se echan encima. El PP y socios del Gobierno, como IU, quieren que José Luis Rodríguez Zapatero, antes de celebrar la consulta sobre la Constitución europea, pida al Tribunal Constitucional que diga si este tratado es compatible con la Carta Magna española o si, por el contrario, exige una reforma de ésta. El problema es que el próximo Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la convocatoria de la consulta popular para cumplir los plazos legales y que se realice el 20 de febrero. La pretensión del presidente del Gobierno de que España sea el primer país de los 25 en aprobar la Constitución europea corre el riesgo de frustrarse. IU presentó este sábado una propuesta en el Congreso para que la cámara, ya que el Ejecutivo no va a hacerlo, solicite un informe al Tribunal Constitucional sobre las contradicciones entre las cartas magnas europea y española. La iniciativa contará con el respaldo del PP y otros grupos que, como CiU, PNV y Coalición Canaria, ya se han mostrado favorables a esta consulta. Este inusual entendimiento entre la oposición y los socios gubernamentales dejará en minoría al PSOE en el Congreso. La opinión generalizada entre los juristas es que la aprobación de la Constitución europea requerirá la reforma de la española porque existen contradicciones entre ambos textos legales. El Consejo de Estado, incluso, aconsejó al Gobierno que solicite un informe al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo no desoyó la recomendación, pero aplazó la consulta hasta después de la celebración de la consulta popular del 20 de febrero. El problema de fondo que tiene el Gobierno es que la reforma que se requiere para hacer compatible la Constitución con el texto europeo afecta a derechos fundamentales y, en consecuencia, exige la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones, un panorama que no entra en los planes de Rodríguez Zapatero. Informe Según el informe del Consejo de Estado, uno de los puntos contradictorios entre ambos textos es que mientras la Carta Magna española señala en el artículo 9.1 que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución», el 1.6 del tratado europeo establece que «la Constitución y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión primarán sobre el derecho de los estados miembros». El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, apuntó en una conferencia el pasado jueves que el único modo de evitar que se pueda declarar inconstitucional el Tratado europeo, una vez ratificado, es «dotarlo de constitucionalidad», siguiendo la pauta de otros modelos europeos. Además, planteó que la ratificación de la nueva Constitución de la UE debería hacerse, a su juicio, siguiendo el modelo planteado en el artículo 167 de la Carta Magna, para reformas consitucionales: con la aprobación de una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. El presidente del PP advirtió durante un acto de su partido en Barcelona que esta forma de actuar «puede suponer problemas muy serios» porque «es posible que para aprobar el tratado constitucional europeo se tenga que reformar la Constitución española». Mariano Rajoy sostuvo que lo más razonable sería que «ambos procesos se desarrollen a la vez» porque «lo justo, lo lógico, es que los españoles sepan» antes de votar «si la ratificación del Tratado europeo supone la reforma de la Constitución Española». El coordinador general de IU, a su vez, consideró que es «fundamental» recabar del Tribunal Constitucional un informe «previo» al referéndum porque «podría ser necesaria una reforma en profundidad de la Constitución española para ajustarla al texto europeo». Gaspar Llamazares advirtió que solicitar el informe jurídico después de la consulta popular, como quiere el Gobierno, es «inaceptable». El portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, no apreció «contradicción ninguna» entre la Constitución europea y la española. Sostuvo que «la prioridad» del Gobierno y del PSOE es «explicar a los españoles la importancia que tiene el documento firmado en Roma y en eso nos vamos a centrar los próximos meses».