Inmigrantes sin antecedentes penales

El Gobierno va a exigir a los centenares de miles de inmigrantes clandestinos que quieran legalizar su situación en la próxima regularización extraordinaria un certificado de antecedentes penales de su país de origen, además de otro documento que atestigüe que tampoco han cometido delitos en España. Esta exigencia amenaza, según los expertos de varios colegios de abogados, con ralentizar, incluso bloquear, el proceso que comenzará en febrero. El trámite en España es muy simple y rápido, pero no así en el extranjero. Por un lado, son varios los países, como Costa Rica, en los que no existe un registro de penados y rebeldes. Hay otros, como Irak o Afganistán, donde la situación de desgobierno hace inviable cumplir este requisito. y hay países en los que el documento de penales se sustituye por simples certificados judiciales o policiales de escaso valor y rigor.. Es más, existen estados que no admiten la tramitación de estos documentos por poderes y exigen la presencia personal del interesado en el país de origen para entregar las acreditaciones penales. Todo ello sin contar con que los países como Colombia que sí realizan estos trámites burocráticos en sus consulados y embajadas no tienen medios suficientes en la actualidad para enfrentarse a las inminentes avalanchas de solicitudes de documentación. A estos posibles problemas se une el hecho de que los certificados de penales tienen una vigencia de 90 días, por lo que tampoco cabe la posibilidad de solicitar ahora la tramitación de estos documentos, pues en el momento de comenzar el proceso de regularización los certificados podrían haber caducado. Los responsables de Trabajo minimizan estos posibles problemas. Los juristas de la Secretaría de Estado aseguran que este requisito ya está vigente para la contratación de inmigrantes por cuenta ajena y que no se han detectado contratiempos relevantes. Lo que ocurre es que el período para la regularización extraordinaria estará tasado de manera estricta: tres meses, de febrero a marzo de 2005. En este tiempo, los letrados creen que en muchos casos será «prácticamente imposible» realizar los trámites para obtener el certificado de penales. El retraso será especialmente preocupante para los ciudadanos de los países que no hayan ratificado el Convenio de La Haya.