El leonés Ubaldo Nieto, reelegido presidente del Tribunal de Cuentas

Los cinco consejeros nombrados a instancias del PP, más el de consenso, fueron suficientes para inclinar la balanza a su favor, a pesar de la oposición del PSOE, que acusó a los populares de romper un pacto no escrito acordado en 1997, según el cual se elige al candidato que apoya el Gobierno de turno. La mecánica de trabajo de este tribunal especial, que en realidad es un órgano administrativo carente de jurisdicción, hace que lleve varios años de retraso en su labor de control, de manera que en esta legislatura se centrará en fiscalizar los últimos años de la Administración popular, entre el 2001 y el 2004. De ahí el interés socialista porque la institución no estuviera dirigida por un consejero apoyado por el PP, que seguirá en el cargo hasta el 2010. Vista la situación creada, el PSOE pretende ahora conseguir el respaldo de sus aliados parlamentarios, Izquierda Verde (IU-ICV) e Iniciativa per Catalunya para modificar la ley que regula los nombramientos en el Tribunal de Cuentas. Su intención es rebajar la edad de jubilación de sus miembros, para provocar una renovación del órgano que les permitiera alcanzar una mayoría de la que ahora no disfrutan, ya que los doce consejeros son elegidos, a partes iguales, por el Congreso y el Senado, tras lograr una mayoría de tres quintos. Desde algunas fuentes se ha vinculado la elección del presidente del Tribunal de Cuentas con la renovación del Consejo del Banco de España, pendiente de resolver desde la primavera pasada. En la actualidad, hay cuatro vacantes en ese órgano que, según la tesis «razonable» que maneja el PP, dos debían ser propuestos por esta formación, uno por el PSOE y otro por el nacionalismo catalán.