UGT estima en 2.000 el número de los «sin papeles» que podrán legalizarse

La nueva normativa sobre legalización de inmigrandes indocumentados, pero ya residentes en España, supondrá en León la concesión de «papeles» -en la jerga de éstos últimos- para aproximadamente 2.000 de ellos, la mayoría de origen magrebí o sudamericano, aunque cada vez abundan más también los procedentes de los países de la desaparecida URSS: cualquiera que acredite tener un contrato para trabajar seis meses en la hostelería (sin papeles, naturalmente), tres en el campo o treinta horas semanales en el servicio doméstico. Según las estadísticas de la Subdelegación del Gobierno a finales del pasado mes de septiembre, en León residían un total de 10.938 ciudadanos extranjeros, de los que 2.905 eran portugueses y otro medio millar de diferentes estados de la UE, mientras que el resto se repartían por nacionalidades y orígenes desde los más proximos hasta remotos puntos del mundo: 1.029 marroquíes, 1.534 colombianos, 584 dominicanos, 431 de Cabo Verde, 268 de Pakistán (ambas poblaciones vinculadas a la minería del Bierzo y Sabero), etcétera. Como anécdota aparecen también en el padrón de extranjeros 426 chinos y sólo 10 japoneses, suponiéndose que su voluntad migratoria se debe no tanto a la densidad de población de sus respectivos países como, de forma inversamente proporcional, al nivel de vida. 2.500 consultas al año Según el responsable de la oficina de inmigración de UTG, Angel Cueto, sólamente este sindicato tramita al año una media de 2.500 consultas de inmigrantes que demandan todo tipo de asesoramiento: «algo más de un millar son para sacar adelante el papeleo de permisos de trabajo o de residencia, que es lo que más les interesa, pero no faltan los que reclaman cursos de aprendizaje de español o preguntan sobre cómo convalidad el carnet de conducir, algo sin lo que es difícil encontrar empleo». El anuncio por parte del Gobierno de que podrá regularizar su situación cualquiera que acredite una oferta de trabajo de seis meses, una vez llegado a España, ha incrementado las consultas en UGT durante los últimos días, «tal vez un 10% o un 15%, pero tampoco esto es nuevo, porque ya pasó lo mismo cuando se anunció por parte de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rubí, poco después del verano, que bastaba con denunciar a los empresarios que contrataban ilegalmente para tener todos los permisos de residencia, aunque casi mejor hubiera estado callada». Ironías aparte, según Cueto se espera un incremento de aproximadamente el 15% en el número de inmigrantes que soliciten permisos de residencia y trabajo a corto plazo, aunque un porcentaje similar «ya están aquí sin reunir las mínimas condiciones de arraigo que ahora exige el Gobierno». Sobre la posibilidad de que se genere en el interior de la península una picaresca de empleos similar a la de las mafias del paso del Estrecho de Gibraltar, los representantes sindicales se limitan también a ironizar también con un «ya se sabe que en España quien hace la ley hace la trampa y en eso somos especialistas». Según las estadísticas oficiales que manejan los sindicatos, en león sólo había en 1997 unas 350 familias inmigrantes, en su mayor procedentes de Cabo Verde, Angola y Pakistán y reubicadas en las antaño ricas cuencas mineras, mientras que hoy el padrón de extranjeros extracomunitarios es. como nínimo, veinte veces superior y tiene los pasaportes más lejanos y dispares. «En la autónomía hay 43.000 y hace diez años eran mil familias». «Consuelo Rubí, la secretaria de Estado de Inmigración hubiera estado mejor callada» ÁNGEL CUETO, responsable de la oficina de inmigración de UGT