El caso De Francisco servirá para dotar al Pacto Antitransfuguismo de mayor capacidad ejecutiva

Pese a que la reunión del Pacto Antitransfuguismo de ayer no parece que vaya a tener consecuencias más allá del debate político, la moción de censura del PP contra el PSOE con el apoyo de los concejales no adscritos José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto servirá al menos, según anunció el ministro para las Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para dotar a este foro de una mayor capacidad ejecutiva de cara al futuro. En principio, IU propuso elevar el pacto a rango de Ley, proposición que fue bien acogida por el PSOE, pero también se acordó, y esta vez por unanimidad, que al igual que ha ocurrido esta vez con el caso de León, las reuniones de esta plataforma se realicen con carácter preventivo, antes de que las mociones de censura sean debatidas en los plenos de los Ayuntamientos, y con independencia del tamaño de los municipios afectados. Además, se acordó crear una comisión externa de expertos que determinen qué casos suponen violaciones del pacto, para evitar situaciones como la de ayer, en la que la visión del PP no coincidió con la de los representantes del resto de asistentes. Preguntado por su visión particular del caso de León, que no fue compartida por ninguno de los otros partidos, el representante del PP, Juan Manuel Moreno, alegó que habían faltado muchos de los representantes en el Pacto Antitransfuguismo, cuya opinión al respecto no se pudo conocer. Quienes no asistieron fueron los gallegos del BNG, molestos por las disputa lingüística con el Gobierno acerca de si se debe decir A Coruña o La Coruña, además del Partido Aragonés Regionalista, Coalición Canaria, EA, Unión Valenciana y Chunta Aragonesista. Sí estuvieron PSOE, PP, IU, CiU, PNV, Ezquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya.