Los populares acusan a los socialistas de violentar la ley para interferir en el CGPJ
El Congreso convoca dos plenos para que la reforma judicial llegue a tiempo
El cambio legislativo se tramitará una vez más por el procedimiento de lectura única
El PSOE dio este martes un paso más para garantizarse la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial antes de que el máximo órgano de gobierno de los jueces renueve entre enero y febrero once plazas del Tribunal Supremo y varias presidencias de tribunales superiores de Justicia. El partido del Ejecutivo logró el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, para que el Congreso convoque dos plenos extraordinarios y pueda así votar el jueves 9 de diciembre el texto que ya rechazó hace unos días por la ausencia de diputados afines a la reforma. En principio, la cámara no tenía previstas reuniones plenarias para la semana próxima, pero la Mesa acordó habilitar uno de sus días para debatir el proyecto de ley reaprobado este lunes por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. La reforma legislativa se tramitará una vez más por el procedimiento de lectura única, es decir, irá directamente al Pleno sin trámites previos, una fórmula que permite recortar al máximo los plazos para su aprobación. Eso, sin embargo, no pudo decidirse ayer. A pesar de los intentos de todas las formaciones que apoyan la modificación del sistema de elección de los jueces para que en lugar de por mayoría simple se realice por mayoría de tres quintos, el PP logró hacer valer sus quejas sobre lo antirreglamentario de las formas empleadas. Eduardo Zaplana advirtió ya por la mañana, en la reunión de la junta de portavoces, que no estaba de acuerdo en que la decisión sobre el modo de tramitar el proyecto se tomara en el pleno de la tarde y señaló que el reglamento de la cámara exige unanimidad para modificar el orden del día. Los restantes portavoces arguyeron que esta es una cuestión de mero trámite y que no se puede considerar un punto más en la agenda diaria. Sólo el representante de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, expresó sus dudas y reclamó, como el propio Zaplana, un informe de los servicios jurídicos del Congreso. Ya por la tarde, y cuando el presidente de la institución, Manuel Marín, estaba a punto de someter a juicio de los diputados si el proyecto se tramita o no por el procedimiento de lectura única, el debate se avivó sobremanera. Tanto que el portavoz popular amenazó no sólo con no participar en la votación, sino con solicitar la reprobación de Marín si éste insistía en celebrarla. Marín optó por suspender el pleno y convocar una reunión urgente de todos los portavoces en la que se decidió convocar unpleno extraordinario con el únido punto en el orden del día: la votación sobre cómo se debe tramitar el proyecto.