Se compra aire caliente

Un total de 36 países industrializados firmaron en diciembre de 1997 el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional de protección del medioambiente que tenía como principal objetivo la reducción global de las emisiones de gases efecto invernadero en un 5,2% sobre las cifras de 1990. En el 2001, en la cumbre de Bonn, estas previsiones se rebajaron sensiblemente, hasta el 1,8%, tras abandonar el pacto países como Estados Unidos, y otros entre los que se encontraban los que más contaminan del mundo. Los que no abandonaron no se sumaron a una iniciativa ecológica y de futuro, sino que se subieron al carro de un negocio que, sin duda, les reportará grandes beneficios: la venta de derechos de emisiones. En medio, un grupo de países, como España, que sin ser los grandes contaminadores tendrán que hacer serios esfuerzos para cumplir los objetivos previstos. Por delante se pueden llevar algún sector económico, como el de la minería del carbón. La filosofía del cambio climático está clara: durante millones de años el efecto invernadero natural mantuvo estable la temperatura de la Tierra. Los gases invernadero mantenían el calor, ayudaban a la evaporación, se producía la lluvia y con ella la vida. Un complejo sistema biológico que rompió su equilibrio cuando las emisiones de gases contaminantes (sobre todo por la combinación de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el carbón y el petróleo; y la tala indiscriminada de bosques) provocó un acelerado calentamiento del planeta. Desde 1988 la ONU trabaja con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que asesora científicamente a los gobiernos. Sólo desde los años noventa se ha producido un calentamiento que no tiene precedentes en los 10.000 años anteriores, y que provocará un aumento de los sucesos meteorológicos extremos: olas de calor, inundaciones, menos días fríos, riesgo de sequías, ciclones, subida del nivel del mar, fusión de las zonas heladas,... La implicación europea En el reparto de responsabilidades para frenar estos desastres naturales, la Unión Europea decidió reducir sus emisiones contaminantes, especialmente de CO2, en un 8% en conjunto: entre el 2008 y el 2012 la contaminación será menor que en 1990 en ese porcentaje. España, que partía como uno de los países menos desarrollados de la unión, tenía «permiso» para incrementar sus emisiones hasta entonces un 15% sobre sus niveles de 1990. Sin embargo, el consumo de energía primaria en España creció entre 1990 y el 2002 en un 46%. Las emisiones de CO2 se han incrementado constantemente, hasta llegar a un porcentaje actual un 38% superior al del año de referencia. Superado el límite máximo permitido, se exige ahora un cambio en la política energética que reduzca las emisiones. El Gobierno ha decidido que esta reducción se haga a costa de la producción de energía eléctrica con carbón. El protocolo y sus trampas El caso es que Kioto exige reducir la dependencia de la economía mundial de los combustibles fósiles. Se estima que el 75% de las emisiones de gases efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera en los últimos 50 años proceden de los países industrializados, donde se concentra el 20% de la población mundial. Como dato, EE.UU., el país que más contamina en el mundo (un 25% de las emisiones de CO2) no participa en el protocolo. Pero, hecho el acuerdo, hecha la trampa. Se puede comprar aire caliente: los países que no lleguen a la cuota de emisiones que se les asigne, pueden vender sus excedentes a otros países que sobrepasen esas cuotas. Curiosamente, Rusia, una de las naciones que más contamina, podrá vender parte de las cuotas que tiene asignadas, y que superan ampliamente sus necesidades. Y también Alemania, que desmanteló la industria de su hermana del Este y se quedó con sus emisiones. La industria del carbón alemana vive tranquila. Mientras, el carbón leonés agoniza. Las empresas tendrán que invertir en tecnologías limpias o bien comprar cuotas de emisión en otros países. En los dos casos, las centrales térmicas leonesas no serán competitivas.