El carbón espera el segundo asalto

Inmersas en el devastador panorama que supone para las empresas del carbón la actual propuesta de asignación de emisiones contaminantes, el sector advierte que esta no será la única regulación a la que tendrán que hacer frente en los próximos años. Demasiado corto el periodo de tiempo. Fuentes del sector advierten que en el 2008, el 1 de enero, comenzará a aplicarse un nuevo programa de reducción de emisiones contaminantes, que afectará de lleno directamente a las centrales térmicas que consumen carbón y, con ellas, a las empresas mineras. Las soluciones que se plantean para afrontar este nuevo recorte no son nada esperanzadoras: o pactar un cierre a medio plazo o invertir unas cantidades que desde los cálculos de la patronal se consideran astronómicas. La directiva europea sobre Contaminantes Procedentes de las Grandes Instalaciones de Combustión lleva acumulados varios años de retraso, y también algún tirón de orejas a los gobiernos por no hacer a tiempo los deberes. Pero sus directrices están ahora en marcha. Si el protocolo de emisiones presentado el pasado viernes se refiere a la reducción del CO2 en la atmósfera, las nuevas restricciones que entrarán en vigor al principio del 2008 pretenden reducir las emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, producidas también en gran medida por la quema de carbón en las centrales térmicas. Según los cálculos del sector, si se hace frente a las inversiones necesarias para superar el nuevo examen, las eléctricas tendrán que invertir sólo en las centrales leonesas una cifra que consideran tan dramática como inasumible en la práctica: más de 300 millones de euros. Se trata, eso sí, de un cálculo aproximado, que necesitará muchos matices, pero que sirve como indicador para el futuro que le espera a la minería leonesa. Lo dicen los números Las inversiones en tecnología de desulfuración, y otros mecanismos para que las emisiones no sean tan contaminantes, supondrán que aquellas centrales que quieran mantener su actividad deberán invertir 150.000 euros por cada megavatio de potencia instalada. A día de hoy (en el momento de aplicarla el número no será tan elevado, porque algunos grupos habrán cubierto su etapa de vida útil, entre otras causas), la central de Compostilla tiene instaladas 1.334 megavatios, la de La Robla 655 y Anllares 365. Es decir, la primera tendrá que invertir alrededor de 200 millones, la de La Robla unos 98 y la de Anllares casi 55 millones. Según las empresas mineras, este nuevo sobreesfuerzo económico abocará definitivamente al sector a la desaparición, por lo menos a la parte del sector que sobreviva a la regulación que se anuncia actualmente, si se confirman las pesimistas previsiones iniciales y a la espera de las negociaciones y de la decisión final del Gobierno sobre la fórmula de reparto de la cuota de emisiones. La directiva de Contaminantes Procedentes de las Grandes Instalaciones de Combustión fue aprobada por el Parlamento Europeo y la Comisión en el 2001, y es de aplicación a todas las instalaciones, independientemente del combustible utilizado, cuya potencia nomial térmica supere los 50 megavatios. Los estados miembros han de presentar (en principio se preveía que este mes) programas nacionales de reducción de las emisiones, en las que se especifiquen la cantidad de metales pesados emitidos por estas empresas, la relación coste-eficacia y costes-ventajas de las reducciones previstas, la viabilidad técnica y económica de estas reducciones,... El Consejo y el Parlamento Europeos deberán analizar estos informes para establecer el reparto en la cuota de emisiones, pero en cualquier caso las empresas deberán comunicar inmediatamente si realizarán las inversiones necesarias para afrontar la nueva normativa o si, por el contrario, optan por el cierre programado.