Por qué el Gobierno tiene prisa

¿Por qué el Gobierno tiene tanta prisa en aprobar su reforma del sistema de nombramientos de los cargos más importantes de la judicatura? Tanta que esta semana celebró un Consejo de Ministros extraordinario y forzó la convocatoria de un pleno del Congreso específico para acelerar los trámites todo lo posible. ¿Cuál es el motivo de fondo por el cual el PP se está oponiendo con uñas y dientes a que sea refrendada? Hasta tal punto que sus diputados abandonaron en bloque el Hemiciclo el pasado jueves tras no participar en la votación del proyecto de ley, sabiendo que estas actitudes generan un coste social. El trasfondo de la agria disputa es una lucha política por controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. La clave de las prisas está en que el Ejecutivo quiere que los cambios entren en vigor antes de que el CGPJ elija a nueve magistrados del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas elecciones tendrán lugar antes del 31 de enero, lo que deja un margen muy justo, sobre todo después de que la ausencia de 18 diputados socialistas impidiera que saliera adelante en el Congreso el pasado 25 de noviembre. Si el Gobierno consigue su objetivo, como es de esperar, estos magistrados que ocuparán puestos de máxima relevancia necesitarán para ser designados una mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros del CGPJ), en lugar de la simple (11) que se requiere actualmente. La composición actual del órgano de gobierno de los jueces es la siguiente: 11 magistrados nombrados a propuesta del PP, seis del PSOE -tenía siete, pero la plaza del ahora ministro José Antonio Alonso ha quedado vacante-; uno independiente, elegido por consenso entre los dos partidos mayoritarios; uno de IU; y uno de CiU. Consenso necesario Es decir que, tal y como están las cosas ahora, basta con que los 10 jueces del CGPJ elegidos a propuesta del PP y el presidente, también conservador, se pongan de acuerdo para que nombren a quien quieran. Cuando la reforma obtenga la luz verde definitiva hará falta que se llegue a un consenso para cubrir las plazas. Para evitar que los magistrados conservadores impongan su ley, el Gobierno comenzó una desenfrenada carrera el 15 de octubre pasado cuando aprobó el proyecto, contando con el rechazo expreso de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. La explicación gubernamental es la siguiente: «La nueva fórmula de nombramientos busca hacer efectivo el principio de pluralidad» y evitar la «tentación, ahora y en el futuro, de elegir conforme al criterio de una mayoría estable, pero institucionalmente insuficiente». Se trata de que no se aplique de forma automática «la aritmética de un grupo». Los populares se han opuesto radicalmente, encabezados por su portavoz, Eduardo Zaplana. Sus razones: consideran la reforma un atentado a la independencia judicial y un cambio de las reglas del juego. Además, hasta ahora todas las reformas de este calado que han afectado a la justicia se han hecho por consenso de las dos fuerzas políticas más importantes, PP y PSOE. Para ellos, es una venganza política de los socialistas contra el CGPJ y una forma de poner a «sus jueces». Lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial sigue siendo un campo de batalla político, con una división radical entre conservadores y progresistas.