El Gobierno exige austeridad a sus altos cargos y no aceptar regalos

Los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración deberán declarar sus actividades, bienes y derechos patrimoniales en un registro que se hará público en el BOE. Esta es una de las novedades del Código para el Buen Gobierno del Gobierno, que estudió ayer el Consejo de Ministros y que pretende plasmar en una ley las promesas de regeneración democrática hechas por José Luis Rodríguez Zapatero. Los altos cargos tampoco podrán administrar sus bienes mobiliarios e inmobiliarios mientras permanecen en el puesto a fin de evitar el manejo de información privilegiada. Para evitar perjuicios económicos por esta situación, el Gobierno creará «un fondo 'ciego' para la administración» de estos bienes «sin el conocimiento de los interesados». La gestión quedará en manos de expertos independientes que velarán por los intereses económicos de los afectados. Austeridad y transparencia Entre las medidas que contempla este código ético está la imparcialidad e independencia de los altos cargos, la austeridad en el uso del poder y la transparencia y la igualdad ante la ley. Afectará a los miembros del Gobierno y a todos los altos cargos de la Administración General del Estado, así como a los presidentes de las empresas públicas. El código insta a que los altos cargos desempeñen su trabajo con «austeridad» y que eviten «toda manifestación externa inapropiada u ostentosa» que menoscabe «la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público». Otra práctica que pasará a mejor vida es la de los regalos. Los altos cargos del Gobierno tendrán la obligación de rechazar «cualquier regalo, favor, préstamo o servicio» que vayan «más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía». En caso de recibir presentes «de mayor significación, de carácter institucional» o de autoridades de otro país ignorantes de la medida se comunicará al registro de actividades, bienes y patrimonio de los altos cargos o se incorporarán al Patrimonio Nacional del Estado. El Gobierno endurecerá también el régimen de incompatibilidades y establecerá sanciones a quienes lo incumplan. Los altos cargos deberán tener dedicación absoluta y exclusiva. Hasta ahora, no existe castigo para la vulneración de la ley de incompatibilidades más allá de la hipotética reprobación moral. El anteproyecto no avanza mucho en este sentido, pero el ministro de Administraciones Públicas garantizó que las habrá porque «la experiencia demuestra lo fácil que es incumplir el régimen de incompatibilidades y no pasa nada». Jordi Sevilla subrayó que el de José Luis Rodríguez Zapatero será «el primer Gobierno en Europa» en dotarse de un código ético. El Ejecutivo no cumplirá, sin embargo, los plazos previstos porque anunció que el proyecto estaría elaborado antes de fin de año y no será así. El anteproyecto aprobado ayer será remitido al Consejo de Estado para que redacte un informe y, después, recibirá la luz verde del Consejo de Ministros y será enviado al Congreso. En definitiva, estará en 2005. «Es un compromiso de ser los más exigentes con nosotros mismos» JORDI SEVILLA Ministro de Administraciones Públicas