El derecho a decidir, base del acuerdo con la formación de Otegi
La propuesta de reforma del estatuto conocida como plan Ibarretxe se sustenta en dos pilares básicos: el reconocimiento de la existencia del pueblo vasco con identidad propia y el derecho a decidir de sus ciudadanos. Estas bases, que se recogen en el preámbulo del texto, son las que Batasuna ha aceptado para alcanzar un acuerdo. La formación ilegalizada ha apostado en todo momento por la disección del documento para partir de estas premisas y ampliar el proyecto a Navarra y al País Vasco francés sin obtener el visto bueno del tripartito, que mantiene que el proyecto ha de ser respaldado en su conjunto. La votación definitiva del plan se celebrará el 30 de diciembre en un pleno que no se presenta fácil para los socios de gobierno, ya que precisan de una mayoría absoluta que sólo conseguirán con el pronunciamiento a favor del grupo de Otegui. Si la propuesta del lendakari no sale adelante en la Cámara de Vitoria y ETA no abandona la violencia, el plan no cumplirá las condiciones puestas por el presidente vasco para ser sometido a referéndum el próximo año. Convocar referendos El plan Ibarretxe arroga a las instituciones vascas toda una serie de competencias que ahora recaen en el Gobierno central. La propuesta otorga al Parlamento de Vitoria la capacidad de convocar un referéndum -con matices, porque la convocatoria no puede ser unilateral- antes ha de alcanzarse un pacto con el Estado. Asimismo, el Parlamento autonómico se encargaría de regular la nacionalidad vasca, que sería compatible con la española. Otro punto fuerte del plan es el poder judicial, configurado como un sistema propio que tendría como máximo órgano al Tribunal Superior de Justicia Vasco y el Supremo quedaría relegado a dirimir en los conflictos de competencias que puedan surgir. El proyecto reconoce el derecho a mantener relaciones políticas con Navarra y el País Vasco francés en función de la voluntad de sus respectivos ciudadanos y permite a Euskadi defender directamente en la UE sus intereses, cuando estos puedan verse afectados, mediante la integración de la administración vasca en la delegación española que acuda al Consejo de Ministros comunitario.