La ley minera acumula un año de retraso

Si bien es cierto que la Junta de Castilla y León se ha mostrado preocupada y muy firme en la defensa y el apoyo al sector minero y energético leonés en lo que hace referencia al plan de asignaciones, el mantenimiento de las térmicas, el desarrollo de las energías alternativas y la defensa de la legalidad de las ayudas de los dos últimos años, no es menos cierto que en su terreno tiene los deberes sin hacer. Ha mostrado voluntad y contundencia en la política general, pero acumula un año de retraso en la aprobación y aplicación de la denominada Ley de Actuación Minera. Este programa cuatrianual no es otra cosa que un plan autonómico para el desarrollo de las cuencas mineras; tanto las carboneras como las pizarreras. Desde los municipios, pero sobretodo los sindicatos, se critica que no hay transparencia, que hace un año que debería estar aprobado el plan de aplicación de 180 millones de euros, que debe fijar de antemano los proyectos a financiar y diferenciar carbón y pizarra.