El Parlamento Europeo dará hoy el visto bueno al texto por una amplia mayoría

El pleno del Parlamento Europeo se pronunciará hoy sobre el texto de la Constitución europea con un previsible apoyo mayoritario de sus 732 miembros antes del difícil recorrido de ratificaciones por referendos, que se iniciará en España el próximo 20 de febrero, y que debería concluir con la aprobación definitiva del Tratado constitucional en 2006. Los principales grupos de la Eurocámara apoyan el acuerdo de los Veinticinco sobre el texto. De esta forma, el Partido Socialista Europeo (PSE), el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas (Alde), la formación de ecologistas y regionalistas (Los Verdes/ALE) y la derecha nacionalista de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN) votarán «Sí» salvo contados casos aislados. En cuanto al Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos (PPE-DE), la mayor parte de ellos se unirá al voto afirmativo aunque la facción DE, que cuenta con alrededor de 40 diputados -la mayoría de ellos conservadores británicos y polacos- se pronunciará en contra debido a su reconocido euroescepticismo. Entre los partidarios del «No» a la Constitución se encuentran los 41 eurodiputados de Izquierda Unitaria y los 36 de Independencia y Democracia -grupo que reúne a antieuropeos y euroescépticos-, así como algunos de los 28 parlamentarios no inscritos. El informe que votarán los eurodiputados recomienda con fuerza su ratificación porque, a su juicio, es «una importante mejora» respecto a los textos existentes, aportará un marco estable y duradero para el futuro desarrollo de la UE (...), permitirá nuevas ampliaciones» y traerá beneficios «perceptibles» para los ciudadanos. Los ponentes del mismo, el popular español Iñigo Méndez de Vigo y el socialista británico Richard Corbett, dicen que la Constitución dará mayor claridad sobre la naturaleza y objetivos de la Unión; más eficacia; más presencia en el mundo; más democracia y más derechos para los ciudadanos. En cuanto a las críticas al Tratado constitucional, el informe apunta que «no se corresponden con el contenido real» del texto ya que «no conducirá a la creación de un superestado centralizado, no debilita la dimensión social de la Unión sino que la fortalece, y no pasa por alto las raíces históricas». De este modo, niega las ideas lanzadas en Reino Unido, Francia, Polonia o España, respectivamente. La Constitución, explican los ponentes, facilitará que el ciudadano entienda qué es la Unión y cuáles son sus fines. En lugar de directivas o reglamentos se hablará de leyes europeas y de leyes marco. En vez de un complejo conjunto de tratados habrá «un único documento» más sencillo y en el que se definen las competencias y los límites de la actuación comunitaria, así como las relaciones con los Estados miembros. La incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales en la Constitución y el hecho de que los ciudadanos puedan hacer uso de su derecho de iniciativa para presentar propuestas legislativas a la UE son claros ejemplos del refuerzo que la Constitución supone en el campo de los derechos de los ciudadanos de la Unión, estiman los diputados. Por otra parte, valoran que precisa los fines de la UE, entre ellos la cohesión económica, social y territorial, e incluye una cláusula de solidaridad por la que los Estados puedan recibir apoyo de la Unión en caso de un ataque terrorista o de una catástrofe natural.