El fiscal pide procesar a 35 dirigentes de Batasuna por financiar a ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió este lunes al juez Baltasar Garzón que procese a 35 personas -entre ellos miembros destacados de HB-EH-Batasuna- por su vinculación con la red de 'herriko-tabernas' (bares 'abertzales'), a las que considera un «instrumento» creado por ETA para financiar sus actividades y las de su brazo político. El fiscal Juan Moral les acusa de pertenecer a la banda terrorista y solicita al juez que mantenga el embargo de los bienes y cuentas de esos locales, que controlaba la banda terrorista a través de su sociedad instrumental de gestión Banaka. La estructura diseñada por ETA le permitía, según el informe, controlar y administrar los recursos generados por las herriko-tabernas' y ponerlos luego a disposición de otras estructuras del «complejo terrorista». Destaca que esos locales constituyen, además, una «eficaz infraestructura logística» para la actividad de grupos controlados por el «frente militar» -entre ellos KAS-EKIN; Jarrai-Haika y Gestoras Pro-amnistía- con garantías de seguridad y confidencialidad. En concreto, dice que se usaban como bases para ocultar material utilizado en la violencia callejera, sedes seguras para realizar reuniones y lugares privilegiados para captar nuevos terroristas y reunir información sobre potenciales objetivos. Las acusaciones están basadas en múltiples documentos intervenidos a ETA y a su entorno, en escuchas telefónicas y seguimientos de responsables aberzales realizados por la policía. De esas actuaciones, la acusación pública concluye que la banda centralizó en un órgano -dependiente de Batasuna- el control de las herriko tabernas , a las que disfrazó de «asociaciones culturales» para encubrir «una función delictiva de cooperación y de ayuda económica a una organización terrorista». Para evitar riesgos patrimoniales, la propiedad de los locales y sus cuentas corrientes eran titularizadas por esas «asociaciones culturales», para «aparentar» que su actividad hostelera «estaba desvinculada de la actividad política y logística a favor de ETA». Así, trataban de evitar «problemas de ilegalización jurídica y posibles embargos judiciales». La «finalidad prioritaria» era, según el fiscal, «la obtención de una rentabilidad económica con objeto de allegar fondos a las organizaciones de la estructura frentista de ETA».