La ley de violencia de género entra en vigor con 700 policías asignados

La Ley Integral contra la Violencia de Género, la primera aprobada por el Gobierno de Zapatero, entró ayer en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se mostró convencido de que la puesta en marcha de esta legislación corregirá la actual tendencia ascendente en el número de víctimas mortales por esta causa. El ministro presentó un informe ante el Consejo de Ministros en el que se indica que actualmente existen ya 700 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil dedicados a la atención de las mujeres y que esa cifra aumentará en la medida en que la oferta de empleo público lo permita. El Ministerio de Interior va a elaborar un plan de actuación inmediata para reforzar las unidades especializadas en la asistencia y protección de las víctimas. En ese campo trabajan los Especialistas en Mujer y Menor, que estarán integrados en las Unidades de Policía Judicial de cada Comandancia y Comarcales de la Guardia Civil, y los Servicios de Atención a la Mujer, como unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía. Con la nueva ley, las comisarías de policía y los jueces deberán informar a las víctimas a las que se les conceda una orden de protección de la posibilidad de portar un teléfono móvil que les conecta directamente con un centro de asesoramiento y atención. Caldera resumió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las medidas a las que a partir de ahora podrán acogerse las mujeres que sean víctimas de maltrato. El Gobierno emitirá campañas de información y sensibilización contra la violencia de género, y llevará a cabo programas de sensibilización y formación continua para el personal sanitario, docente y funcionarios de Justicia y de Seguridad. En materia laboral, el Programa de Empleo incluirá uno específico para mujeres maltratadas con medidas que favorezcan una nueva actividad por cuenta propia. También incluirá las bonificaciones a la empresa en el supuesto de sustitución de la trabajadora víctima de violencia. Las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género que suspendan o extingan su contrato de trabajo tendrán derecho a la prestación por desempleo. «Lamentablemente -dijo Caldera- ha habido varios casos durante el mes de enero, algunos muy llamativos», aunque insistió en que responden a la media del número de asesinatos, que cifró «entre cinco y seis crímenes por mes». La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió también a esta cuestión y aseguró que «a partir de hoy tenemos una nueva y poderosa herramienta para contribuir a la lucha contra esta lacra. Venceremos si le plantamos cara todos en todas partes y a todas horas».