Debate clarificador

QUIENES pensábamos que era muy deseable que se celebrara el debate de ayer, por los efectos pedagógicos que podía llegar a tener sobre la opinión pública, acertamos plenamente: la tentativa del 'plan Ibarretxe', que poseía hasta ahora un cierto halo de audacia irredentista que podía resultar desconcertante para los menos avezados, quedó perfectamente enmarcado en su circunstancia nacionalista. Y las dos grandes fuerzas estatales supieron explicar cabalmente, cada una en su estilo, no tanto las razones del rechazo -que también- cuanto los perfiles del Estado moderno que alientan, en el que no caben nostalgias románticas ni aventuras particularistas como la que ayer se debatió con claridad y altura en el Congreso de los Diputados. Ibarretxe no describió apenas su proyecto: su discurso, bien construido, se centró en dos afirmaciones polémicas: el pueblo vasco tiene que decidir sobre su futuro y el problema que plantea su propuesta de reforma estatutaria no es jurídico, sino de voluntad política. La combinación de ambas proposiciones, unida a la inexistencia de consenso transversal en el propio País Vasco, es precisamente la que determina su inviabilidad. Es impensable que Rodríguez Zapatero y Rajoy hubieran acordado conscientemente un reparto de papeles, pero lo cierto es que los representantes de las dos grandes opciones ideológicas se complementaron admirablemente, desde sus correspondientes funciones de presidente del Gobierno y jefe de la oposición. Zapatero, lacónico, breve y contundente, desmontó los mitos historicistas -como dijo Jefferson, «el mundo es responsabilidad de las generaciones vivas»- y resumió admirablemente su posición: «si vivimos juntos, juntos debemos decidir». La afortunada frase, que elude legalismos innecesarios y sugiere la médula del pacto constituyente, le ahorró las explicaciones sobre la titularidad de la soberanía que quedaron ya sobreentendidas. «Enfrentar legitimidades es un juego falso», añadió Zapatero antes de afirmar que «el idioma del parlamento y de la democracia es la ley». Rajoy, en cambio, entró de lleno en la crítica -tranquila y mesurada- del proyecto, y, en el tono irónico que mejor maneja el jefe de la oposición, puso en evidencia las flaquezas de un proyecto que no toma ni siquiera en cuenta el texto constitucional, margina al hemisferio vasco no nacionalista, constituye de hecho una declaración de independencia, abona con desmesura las tesis más radicales que siempre han estado en el horizonte etarra y tensa el arco de las instituciones hasta mucho más allá del punto de ruptura. «Nos están pidiendo algo que no puede ser a sabiendas de que no puede ser», dijo, casi al final, Rajoy, antes de insinuar que el 'plan' tiene evidentemente tácitas intenciones electoralistas. Las divagaciones nacionalistas de otros portavoces aportaron escasos matices al balance de la sesión, tras cuyo desarrollo la ciudadanía vasca no puede sentirse desairada por un gratuito 'portazo' que no existió. Rodríguez Zapatero se mostró, además, especialmente sensible a este extremo: la votación final cierra el debate, pero no lo resuelve, dijo. Y sugirió con claridad que el camino no está cerrado para cualquier nueva iniciativa, para «un nuevo proyecto, respaldado por todos, con la mirada puesta en el futuro». La invitación a recorrer una experiencia como la que ya está alentando Cataluña es evidente. No es exagerado, en fin, afirmar que el Congreso de los Diputados vivió ayer una jornada singular, de las que reconcilian a la atribulada ciudadanía con una clase política que no siempre sabe estar a la altura que le exige su alta representación. Nuestros parlamentarios, conscientes de la excepcionalidad de la ocasión, mantuvieron una altura intelectual infrecuente y una compostura admirable. Y con seguridad, la ciudadanía pudo advertir la solidez de unas instituciones que, lejos de amedrentarse por la relevancia de los problemas, los han enfrentado con soltura, sin un grito ni un dicterio, con las armas pacíficas de la palabra y la expresión. De cualquier modo, y como dijo Rodríguez Zapatero, el 'problema vasco' sigue abierto. Y aunque es impensable que se plantee alguna nueva iniciativa antes de las inminentes elecciones de abril o mayo, habrá de haber después soluciones practicables que colmen las innegables expectativas abiertas y que quedaron ayer perfectamente insinuadas. El precedente existe y fue ayer oportunamente recordado: en 1932, un primer proyecto de Estatuto vasco, apoyado por los partidos carlista y nacionalista, con la oposición de republicanos y socialistas, fue rechazado por inconstitucional en el Congreso de los Diputados. Posteriormente, el PNV, con apoyo del PSOE, del PCE y de otras fuerzas republicanas elaboró otro Estatuto que fue aprobado en 1936. Si pudo ser en aquella España tormentosa, con mayor razón ha de haber posibilidades de futuro en la madurez de hoy en día.