El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra la regularización de inmigrantes
El Partido Popular presentó ayer su particular ofensiva parlamentaria contra la campaña de regularización de inmigrantes que comenzará el lunes de la semana próxima. Los populares, que se han mostrado desde el inicio contrarios a cualquier legalización masiva de extracomunitarios, pidieron hoy oficialmente la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el Congreso de los Diputados para que explique cómo va a hacer la Administración para gestionar una avalancha de peticiones que, según los cálculos del PP, podría superar los 12.000 expedientes diarios. Tres proposiciones populares Además de exigir la interpelación de Caldera, el PP anunció que ha presentado tres proposiciones no de ley para que sean discutidas en la cámara baja. La primera de las propuestas es la de instar al Gobierno para que dote de presupuestos a los ayuntamientos y comunidades autónomas que -según explicó la responsable de Asuntos Sociales del PP, Ana Pastor- serán las que asuman los costes de la legalización de los inmigrantes, ante la «negativa» del Ejecutivo central a destinar fondos extraordinarios para esta campaña. Los populares además quieren que el Parlamento exija al Gobierno que «refuerce el control de fronteras» ante la llegada masiva de inmigrantes -1.500 diarios por la frontera francesa- atraídos por el que Pastor denominó el efecto Caldera, el «anuncio precipitado» de la regularización que ha servido de imán para que las mafias de la inmigración introduzcan en España a miles de sin papelesa la búsqueda de un permiso de trabajo y residencia. La tercera propuesta insta al Ministerio de Trabajo a «articular las medidas y medios necesarios para gestionar con garantías el proceso de regularización» y a «incorporar el personal necesario para la tramitación de los centenares de miles de expedientes que el Gobierno se ha comprometido a resolver en los próximos tres meses». Pastor y la responsable de inmigración del partido, Ángeles Muñoz, aprovecharon el anuncio de las iniciativas parlamentarias para presentar un decálogo de «despropósitos» en política de extranjería de la Administración socialista. Entre los errores del Ejecutivo, los populares destacan el «efecto llamada», suprimir los órganos de coordinación entre los diferentes ministerios que se ocupan de la inmigración y romper con la política de extranjería común en Europa.