La UE reprocha a España no haber informado de la regularización

La regularización de inmigrantes ilegales aprobada por el Gobierno español ha tenido, por fin, respuesta en Bruselas. Hace tan solo un par de días, los portavoces del Ejecutivo comunitario rehusaban comentar la medida pero este viernes, la Comisión y la presidencia luxemburguesa de la UE anunciaron a dúo haber sometido a la consideración de los ministros de Interior y de Justicia de la UE, que se reunirán en consejo el día 24, la puesta a punto de «un sistema de información mutua, y de alerta previa entre los responsables de las políticas de inmigración y asilo, concernientes a decisiones importantes que adopten, a este respecto, uno o varios Estados miembros». El documento hecho público ayer por la presidencia no menciona expresamente a España, pero sí lo hizo Frisso Roscam, portavoz del vicepresidente de la Comisión responsable de asuntos de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, al reconocer que la reacción comunitaria y de la presidencia están directamente relacionadas con la decisión española, «en particular, por su magnitud». El portavoz comunitario no condenó la decisión española que, a fin de cuentas, cae dentro de la órbita de las competencias estrictamente gubernamentales, al reconocer que ni esta es la primera regularización de ilegales que se da en Europa, ni será la última. Sin embargo, la carta de la Presidencia y de la Comisión a los ministros, contiene un reproche implícito a la decisión española, pues menciona el «Programa de la Haya», adoptado por el consejo Europeo en su reunión de los pasados 4 y 5 de noviembre, en el que se señala que la UE deberá adoptar, en materia de migraciones internacionales, «una actitud global, que cubra todas las etapas del proceso de inmigración, y que tome en consideración las causas profundas de las migraciones así como las políticas de entrada, de admisión, de integración y de repatriación». El escrito abunda aún más en la necesidad de coordinar actuaciones, al señalar, textualmente, que «en el respeto de las competencias de los Estados miembros, las cuestiones relativas a la inmigración tienen, evidentemente, un interés común».