Los dirigentes de Jarrai niegan ser de ETA y su relación con la violencia callejera

Los presuntos dirigentes de Jarrai a los que juzga la Audiencia Nacional por la acusación de integración en ETA negaron ayer su pertenencia a la organización terrorista o haber tenido alguna relación con ella. El juicio es el primero de los que se celebrarán en los próximos meses contra las organizaciones ilegalizadas del entorno de ETA por el juez Baltasar Garzón, KAS-EKIN, Xaki, Batasuna, Gestoras Proamnistia, entre otras. Los procesados, que no contestaron a las preguntas del fiscal y del acusador de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, negaron ser dirigentes de Jarrai e, incluso, la mayoría de ellos rechazó ser miembro de la organización juvenil. Aseguraron pertenecer exclusivamente a plataformas o asociaciones juveniles vascas, sostuvieron que luchaban por los derechos sociales o políticos y que en este entorno habrían coincidido y mantenido relaciones con miembros de la organización juvenil ilegalizada. Cantera terrorista Los acusadores, que pese a la falta de respuestas leyeron sus preguntas, consideraron que Jarrai es una organización juvenil creada por ETA a comienzos de los años ochenta y que desde entonces permanece bajo su dirección y control a través de la coordinadora KAS, la estructura política y de agitación social de la organización armada, sustituida desde 1998 por EKIN. Aseguraron que este grupo actúa como complemento terrorista en el País Vasco y en Francia, y que sirve como «cantera» para sus comando y también como centro de formación de «cuadros» de la organización. El Ministerio Público estimó que en el proceso se pretende enjuiciar y condenar a los presuntos responsables de 20 años de violencia callejera y de sabotajes en el País Vasco, así como a los autores de las amenazas y la persecución cotidiana de los vascos que no comulgan con las tesis de la banda terrorista. Indicó que los principales objetivos de Jarrai son los cargos de partidos y sindicatos no nacionalistas, los medios de comunicación críticos con ETA, las empresas de empleo temporal y los bancos, los ciudadanos que no pagan el impuesto revolucionario, los jueces y fiscales y las fuerzas de Seguridad, en especial las patrullas de la Ertzaintza.