Por una Europa sin barreras

Votar todavía sigue siendo una ilusión para decenas de discapacitados españoles. En muchos colegios electorales llegar a la urna supone superar un tramo de escaleras o varios bordillos. Son los peldaños que separan la igualdad de la discriminación, y están situados en el derecho más fundamental del ciudadano. ¿Y qué hará al respecto la Constitución Europea? El tratado que se votará en España en referéndum consagra varios artículos a evitar la discriminación. La Unión destaca, en sus fundamentos, los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Y la no discriminación. No en vano, el texto es claro respecto a la prohibición de todo tipo de discriminación, y en particular de la que sea ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Quizá sea escasa, a primera vista, la referencia a la discapacidad en la Constitución, pero tranquiliza pensar que erradicar la discriminación en este ámbito, supone el mejor comienzo para llegar a la igualdad que permita una vida lo más digna posible para millones de europeos. Por eso resulta esencial el artículo II-86, dedicado en exclusiva a fomentar la integración de los discapacitados. En el texto del citado punto «se reconoce y respeta» el derecho que tienen las personas discapacitadas a beneficiarse de las medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional, además de su participación en la vida de la comunidad. Este reconocimiento de la Unión Europea supone un importante espaldarazo para el desarrollo de posteriores políticas de integración social y profesional encaminadas a conseguir la igualdad de todos. Las que se incluyen en este artículo son medidas de discriminación positiva, tan necesarias que de otra forma muchos discapacitados, por no decir la mayoría, tendrían imposible el desarrollo de una vida normal. Con estas previsiones, la Constitución Europea se presenta, pues, como una norma esperanzadora para millones de europeos, especialmente para quienes residen en países en los que se ha avanzado poco por la integración social. Si los españoles vemos diferencias cuando miramos a la Europa del progreso, de qué tamaño las verán los discapacitados de las regiones menos favorecidas. La nueva Constitución trata, como se recoge en su articulado, de igualar a todos los europeos, y en este mundo nadie se beneficia más de la igualdad de oportunidades, con acciones positivas, que quienes son, han sido o serán, portadores de la diferencia. Domingos Sampedro corresponsal | bruselas ð? Primero fue el carbón. Y el acero. Después se incorporó la agricultura, las reglas de competencia, una moneda común y las fi nanzas sin fronteras. La Unión Europea es, desde sus inicios, un club mercantil que no cesa en su empeño de ganar dimensión. Pero es mucho más que eso. También se trata de un área que cree fi rmemente en un modelo social que apuntala en su Constitución con principios como estos: pleno empleo, protección social y lucha contra cualquier tipo de exclusión. Cierto que un tratado constitucional -como ocurre con la Carta Magna española- no es un verdadero pacto por el empleo, ni gratuidad de la sanidad o las pensiones, por citar sólo algunas de las señas de identidad del modelo social europeo. Se trata más bien de un marco de convivencia que no solo permite a un gobierno desarrollar este tipo de políticas, sino que incluso parece reclamarlas. Principios que ahora intenta consagrar la Constitución europea, como la cohesión económica y social, no son nuevos, ni mucho menos, pues se remontan al Tratado de Roma de 1957. Otros textos, como el de Maastricht (1992), intentaron de- fi nir mejor la vía social europea con artículos como el 123, que se proponía «mejorar las condiciones de empleo» mediante la creación del Fondo Social Europeo (FSE). En actas subsiguientes, como la de Ámsterdam (1997) o Niza (2000) se levantaron nuevas fi las de piedra en el castillo europeo, defi niendo mejor el derecho a la sanidad o a la formación continua de los trabajadores, pero nunca antes se había dicho con tanta precisión que la construcción europea es un proyecto «tendente al pleno empleo y al progreso social», dotado además de «un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente», como dice el Preámbulo de la nueva Carta Magna. Y no solo se plasma en este enunciado el modelo social comunitario. Las centrales sindicales más representativas de Europa ya advirtieron en su día que no avalarían el nuevo texto constitucional si Europa no se defi nía a sí misma como «una economía social de mercado» y consagraba derechos como el de la negociación colectiva. Repasando nuevamente el Preámbulo, se puede ver refl ejado que la UE se defi ne como «una economía social de mercado altamente competitiva», y que entre sus derechos fundamentales consagra con carácter internacional algunos como el de libre asociación, huelga, negociación colectiva, información y consulta de los trabajadores o protección en caso de despido. Es cierto que el Consejo Económico y Social (CES) es un órgano de carácter consultivo, o que los agentes sociales no son oídos en las negociaciones que se libran en la OMC, pero no hay ninguna constitución en el mundo que apuntale de forma tan amplia un modelo social y menos aun conceptos como el «desarrollo sostenible» o la «protección del medio ambiente». RICARD ROBRES HECHOS Y CIFRAS 1960 70 80 Carod dice que líderes «resucitados» del PSC ya engañaron a Cataluña en el referéndum de 1978 ð? Carod Rovira afi rmó ayer que algunos de los protagonistas de la transición que el PSC «está resucitando» para hacer campaña a favor del si, «ya engañaron a Cataluña en 1978 cuando pidieron que votásemos que sí a la Constitución Española». El líder de ERC se ha referido a dichos «protagonistas de la transición» en el transcurso de la presentación de un manifi esto de intelectuales a favor del no. | e.p. La política espacial europea, entre los compromisos