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El PP califica a Conde-Pumpido como el «hooligan número 1 del Gobierno»

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Alfonso Torices - madrid
León

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El portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, aseguró ayer en el Congreso que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recibe de forma permanente órdenes del Gobierno o es «su hooligan número 1», porque siempre coincide en sus actos o declaraciones con la línea que marca el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Astarloa criticó la mayor parte de las actuaciones de Conde-Pumpido desde su nombramiento y, especialmente, su negativa a mantener la acusación contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por desobediencia al Tribunal Supremo, pese a que el tribunal superior vasco aseguró el martes que existen indicios de este delito. En su opinión, la negativa del fiscal general a mantener la acusación es «injustificable» y «una dejación del Gobierno y de la Fiscalía», que transmite a los ciudadanos una sensación de «descrédito» del Supremo, que ordenó, sin éxito, a Atutxa en el 2003 la disolución del grupo de Socialistas Abertzales como consecuencia de la sentencia de ilegalización de Batasuna. Las acusaciones del PP fueron rechazadas por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que aseguró en el Congreso que «el Gobierno no da órdenes al fiscal general, quien actúa con manifiesta autonomía». El ministro indicó que el Ejecutivo «perjudicaría la credibilidad de la Fiscalía si le ordenase acusar o no» y añadió que «los ciudadanos tendrían sospechas de que el sistema penal en España no reúne todas las garantías de un proceso justo». López Aguilar defendió a Conde-Pumpido y calificó su postura como «una decisión manifiesta de su autonomía». Señaló que la postura de la Fiscalía en el caso Atutxa podrá ser «convincente o no», pero aseguró que está basada en criterios de «legalidad» y que los argumentos hechos públicos por el fiscal general tienen una clara explicación «técnica». El apoyo del Gobierno al fiscal general lo reiteró el ministro Alonso, que aseguró que Conde-Pumpido ha actuado «honestamente y con autonomía» en el caso Atutxa.

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