El Ayuntamiento hará fijos a otros 700 trabajadores en un plazo de dos años

«Hay que evitar que los cambios políticos generen incertidumbre entre quienes llevan ya muchos años trabajando aquí» RAFAEL PÉREZ CUBERO , concejal delegado de Personal en el Ayuntamiento de León Más de 700 trabajadores eventuales del Ayuntamiento de León podrán consolidar sus empleos como fijos en un plazo no superior a dos años, según un principio de acuerdo alcanzado entre el equipo municipal de gobierno y el comité de empresa, lo que supondrá hacer inamovible a toda la plantilla. El actual equipo de gobierno, al contrario que el anterior, renuncia a rescindir o no renovar contratos temporales para cuadrar el presupuesto, aunque confía en que de cara al futuro no suban más. Según el concejal delegado de este área, Rafaél Pérez Cubero, de los 1.963 empleados actuales del Ayuntamiento aproximadamente 700 son funcionarios con plaza en propiedad, en tanto que otro medio millar de trabajadores desempleñan su función como fijos pero sin el estatus de funcionarios: por último, hay más de 700 empleados temporales que deben renovar periódicamente su contrato, muchos con periodos intermedios en la percepción del seguro de paro. Al fin seguros Estos últimos serían, según Pérez Cubero, los principales beneficiarios en una negociación entre sindicatos y Ayuntamiento que ya va por buen camino «para evitar que los cambios políticos lleven la incertidumbre a quienes llevan trabajando aquí muchos años en plazas que sobre el papel no existen, pero que están cubiertas y son necesarias, porque, en caso contrario, no se estarían pagando». Tanto sindicatos como Ayuntamiento pasan de puntillas sobre la forma en que hayan entrado a trabajar tantos centenares de empleados, eludiendo expresamente términos como «recomendaciones» o «enchufismo», aunque el resultado al final sea el mismo. Para Cubero, se trata simplemente de dar legalidad definitiva a lo que ya existe, aunque el proceso deberá ocupar un plazo de dos años de acuerdo con las propias normas de la burocracia en la que pretenden autodarse cobertura los propios trabajadores: «hay algunos que tienen una antigüedad de ocho a veinte años e igualmente los hay que están renovando cada poco un contrato de seis meses con el visto bueno del jefe de servicio, lo que es una realidad que no puede negar nadie y que hay que reflejarla en papeles». En cuanto a la consolidación de los empleos, se reconoce que el sistema bordearía la legalidad o, como mínimo, el espíritu de la ley, porque inicialmente los puestos quedarían ocupados por quienes ya los tienen, luego se sacaría la plaza de funcionario a concurso o cuncurso-oposición, primando los años de servicio, y, por último, sería difícil que alguno de los actuales trabajadores quedara despedido. Según Cubero, procesos similares, que eufemísticamente han sido bautizados como de «funcionarización» por los sindicatos han tenido lugar durante la última década en la Junta y en la Diputación sin causar demasiado revuelo, entre otras cosas porque los opositores en paro no están sindicados y los que pertenecen a partidos políticos tienen cada uno su propia recomendación o padrinazgo. Como mal menor el actual equipo municipal de gobierno se conformaría con afianzar los empleos ya existentes, congelar la plantilla y no aumentarla, lo mismo que los costes de la Seguridad Social. A la pregunta de si se han realizado autorías externas sobre necesidades de personal en el Ayuntamiento también se responde en sentido negativo: ninguna, y «ahora de lo que se trata es de congelar lo que ya hay y que no aumente».