La Generalitat admite las dos primeras dimisiones por la crisis del Carmel

El conseller de Obras Públicas, Joaquim Nadal, aceptó ayer las dimisiones del director general de Puertos y Transportes, Jordi Juliá, y del presidente de la empresa pública Gisa, Ramon Serra, por los desprendimientos de tierras en el Carmel y ha anunciado un paquete de medidas para las obras públicas. En su comparecencia en el pleno extraordinario por el hundimiento de tierras en las obras de la línea 5 del metro y el posterior desalojo de vecinos del barrio, Nadal ha asegurado que la Generalitat emprenderá «acciones legales» para que las empresas -la dirección de obras y las constructoras- respondan de la totalidad de los daños causados a terceros «si fuese el caso». Nadal ha concretado al final de su comparecencia parlamentaria que si finalmente se determina que Geocontrol y Tec-4 (dirección de obras) y FCC, Comsa y Copisa (constructoras) son responsables del desprendimiento de tierras en el Carmel deberán hacerse cargo de las indemnizaciones por la pérdida de viviendas, los objetos de su interior y de «todos los gastos que las administraciones ya han sufragado», como las dietas de los 1.057 desalojados. El conseller ha remarcado que, «si fuese el caso», asumirían esta responsabilidad «por la mala ejecución y/o dirección de las obras de prolongación de la línea 5 del metro y, consecuentemente, de todos los refuerzos que se hayan tenido que realizar». Nadal ha recordado las palabras de ayer del presidente catalán, Pasqual Maragall -«pagarán justos por pecadores»- y ha remarcado que a Juliá y Serra «no les tocaría» asumir responsabilidades. En el apartado de conclusiones, Nadal ha anunciado que ordenará a GISA que «suspenda la ejecución del contrato con las empresas constructoras y de la dirección de obras» que trabajan en la línea 5 hasta que se esclarezca «la parte de responsabilidades de cada una de las empresas causantes de los daños» en el Carmel. La Generalitat pagará unos 70.000 euros a cada familia por el contenido de los pisos del Carmel que han sido derruidos o se derrumbarán Sin embargo, las posturas respecto a las indemnizaciones por daños morales todavía son muy distantes ya que, mientras que la Generalitat ofrece 30.000 euros por familia, los perjudicados piden 60.000 euros.