La crisis política obliga a la Generalitat a aplazar la cumbre sobre el Estatuto

El Gobierno de la Generalitat ha aplazado sine die la cumbre con los cinco partidos autonómicos para debatir la configuración del nuevo Estatuto de Autonomía. La crisis política provocada por la polémica en torno a los sucesos del barrio barcelonés del Carmel y las acusaciones de corrupción que hizo el presidente de la Generalitat , Pasqual Maragall, contra Convergència i Unió (CiU) en el último pleno del Parlamento de Cataluña ha contaminado las relaciones entre los partidos y los grupos de oposición no descartan la convocatoria de elecciones anticipadas. El conseller en cap de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC) señaló que el Gobierno catalán «no convocará ninguna otra cumbre sobre el Estatuto de autonomía hasta que no haya acabado la redacción de la ponencia parlamentaria y hasta que no se haya conseguido una propuesta sobre la financiación» de Cataluña. Bargalló aclaró a través de un comunicado institucional que «si los trabajos de la ponencia avanzan al ritmo actual» la Generalitat prevé que la próxima reunión de líderes de los cinco partidos del arco parlamentario autonómico «se llevará a cabo a finales de mes, en abril o a principios de mayo». En cualquier caso, aseguró que el Gobierno hará todos los esfuerzos posibles para que «no se retrase la aprobación de un nuevo Estatuto y un nuevo sistema de financiación». Por su parte, el consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura (ICV), aseguró que «nadie va a poder parar el Estatuto» y, en clara alusión a CiU, advirtió que «si alguien lo intenta lo va a pagar electoralmente muy caro, porque es una necesidad sentida por toda la sociedad catalana». Saura se mostró convencido, «sin ningún género de duda», que el nuevo Estatuto catalán será aprobado en los próximos meses de junio, julio o septiembre. Sin embargo, reconoció que la polémica sobre las presuntas comisiones cobradas ilegalmente en el ámbito urbanístico por los nacionalistas catalanes cuando gobernaban, «entorpecen y pueden hacer más lenta la elaboración de este estatuto». Los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado se preparan para trasladar a las Cortes el conflicto provocado por el hundimiento del Carmel y la crisis política provocada por las acusaciones del presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, al acusar a CiU del cobro ilegal del 3% por la adjudicación de obras públicas cuando gobernaba la Generalitat. El presidente popular, Mariano Rajoy, ha dado instrucciones para convertir este asunto en uno de los prioritarios de su labor de oposición y hostigar al Gobierno socialista. Senadores y diputados del partido mayoritario de la oposición se reunirán con parlamentarios catalanes y miembros del partido que preside Josep Piqué para conocer posibles vías de actuación en el Congreso y el Senado que apoyen las posiciones del partido en Cataluña. El portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, al frente de una delegación integrada por el consejo de dirección y los diputados catalanes, celebrará la primera sesión de trabajo, hoy en Barcelona, para ponerse a disposición del PP catalán. «Diciendo que se hace daño a Cataluña se intenta tapar un debate que afecta a toda España» EDUARDO ZAPLANA Portavoz del PP en el Congreso