Diario de León

La cooperación internacional es fundamental para localizar a los cinco prófugos del comando

La Audiencia Nacional quiere juzgar a los 74 acusados en la primavera del 2006

El juez Del Olmo cuenta con 30 testigos protegidos, algunos con nueva identidad

Siete de los autores materiales del atentado se inmolaron en Leganés

Siete de los autores materiales del atentado se inmolaron en Leganés

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colpisa | madrid

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«La lucha antiterrorista no depende de un solo gobierno, sino que será proyectada a lo largo del tiempo, para el futuro, y tendrá que ser encarada por muchos gobiernos de muy diferentes signos» JOSÉ ANTONIO ALONSO, ministro del Interior El magistrado que instruye el sumario por la masacre del 11-M, Juan del Olmo, trabaja con la idea de concluir la investigación judicial este verano, con la intención de que los presuntos autores del atentado y sus cómplices y colaboradores se sienten en el banquillo de los acusados en la primavera del próximo año, según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional. El juez instructor y la fiscal Olga Sánchez tienen imputadas a 74 personas, 22 de ellas encarceladas, como presuntos responsables -junto con los siete terroristas que se suicidaron en Leganés y los cinco miembros del comando que se fugaron- del mayor atentado terrorista ocurrido en Europa. Si las previsiones actuales que baraja la Audiencia Nacional se cumplen, el próximo año por estas fechas se iniciará un macroproceso histórico que durará varios meses. La instrucción judicial, a la que le restan pocos días para su primer aniversario, cuenta con un juez y un fiscal que trabajan en el caso con dedicación exclusiva y se almacena en 111 tomos. Los legajos suman cientos de fotografías y más de 40.000 folios, con decenas de declaraciones de imputados y testigos, informes periciales y de los servicios de inteligencia policial, con atestados y careos, documentación enviada por varios países y numerosas diligencias y atestados policiales. Del Olmo cuenta también con la colaboración de 30 testigos protegidos de distintas nacionalidades. La declaración de alguno de ellos ha sido vital para establecer responsabilidades penales contra los acusados y para situarlos dentro de los hechos delictivos. Varios de los testigos protegidos han recibido nueva identidad y las autoridades les han proporcionado una nueva residencia. En busca de los prófugos La cooperación internacional será fundamental a la hora de localizar a los cinco prófugos del comando que ejecutó el 11-M, alguno de ellos muy peligrosos. Entre los huidos se encuentran dos de los autores materiales de la colocación de explosivos en los trenes -el marroquí Mohamed Afallah y el argelino Daoud Ouhnane-, uno de los jefes operativos de Al Qaida en Europa -Amer el Azizi-, y los marroquíes Mohamed Belhadj -alquiló el piso franco de Leganés- y Adalmajid Bouchar, la persona que huyó después de avisar a los miembros del comando de que la policía se disponía a asaltar el piso de Leganés. Cuando se celebre el juicio, la fiscal no será la única acusadora. La Asociación del Víctimas del Terrorismo (AVT) ya está personada en el proceso como acusación popular y una docena de las víctimas se han constituido como acusadores particulares. Dos organizaciones tratan de ejercer la acusación popular en el juicio, aunque sus solicitudes aún están pendientes de la autorización definitiva. El juicio por los atentados del 11-M se celebrará previsiblemente en un pabellón de la Casa de Campo de Madrid. Este pabellón se está preparando en la actualidad para albergar la vista contra el entorno de ETA que ha investigado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El final de los trabajos de acondicionamiento se prevé para el próximo mes de abril. En el interior del pabellón se están habilitando calabozos, salas con la suficiente capacidad para guardar las numerosas piezas de convicción que conlleva un macrojuicio, una sala de prensa para unos 100 periodistas, y una sala de vistas que acoja a unos 50 acusados. Además, el recinto debe contar con las medidas de seguridad necesarias para juzgar a procesados por delitos de terrorismo o narcotráfico.

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