Fallece otro de los guardias civiles arrollados por un camión en Madrid

Ya son seis los guardias civiles muertos en el accidente de tráfico ocurrido el miércoles en la N-1, a la altura de la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya, cuando un camión arrolló a los agentes que retiraban de la carretera un control antiterrorista. Fuentes del instituto armado señalaron que el alférez José Luis Periáñez, quien sufrió heridas muy graves en el siniestro, murió ayer por la tarde en el Hospital de La Paz de Madrid, donde fue ingresado el miércoles en estado crítico. El conductor del camión, el rumano Julian Toader, de 33 años y sin permiso de trabajo no de residencia en España, reconoció a los investigadores que había arrollado el control policial porque se había quedado dormido. Tanto el chófer como el propietario de la empresa transportista para la que trabajaba, que fueron detenidos el mismo miércoles, quedaron en libertad con cargos. El funeral por Periáñez tendrá lugar este viernes a las 10:00 horas en la iglesia parroquial de Miraflores de la Sierra, en Madrid, y el féretro será trasladado después hacia la población cacereña de Talaván. Según informó el Ministerio del Interior, durante el oficio religioso se impondrá al alférez la Cruz de Plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. 1397124194 Libertad con cargos Por otra parte, Ángel Chavala Villamor, el propietario del camión que arrolló a los guardias civiles, declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por haber empleado a un inmigrante en situación irregular, sin haber formalizado ningún contrato y sin haberlo dado de alta en la Seguridad Social. Terminado el interrogatorio, el empresario toledano quedó en libertad. Según su abogado, Antonio Villaluenga, el juez no imputó delito alguno al propietario de Transportes Chavala, acusación que no se producirá hasta la apertura del juicio oral, si es que se abre, dado que es un procedimiento abreviado. «Hay unas presuntas irregularidades administrativas que podrían ser constitutivas de delito o no, pero ahora sólo hay una denuncia de la Guardia Civil y una declaración ante el juzgado», insistió el letrado.