Interior tendrá 1.000 especialistas en terrorismo islamista en el 2008
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha diseñado un ambicioso plan para que los servicios centrales de la Policía y la Guardia Civil cuenten, antes del 2008, con un millar de agentes especializados en la lucha contra el terrorismo islamista. Alonso presentará este programa al Consejo de Ministros de hoy que, en el primer aniversario de la masacre del 11-M, estará dedicado a aprobar medidas para reforzar la lucha contra el terrorismo internacional y mejorar la atención a las víctimas y el control de explosivos. El primer paso para incrementar el número de expertos en terrorismo yihadista en las fuerzas de Seguridad se dará hoy. El Ejecutivo aprobará una oferta pública extraordinaria para cubrir 300 plazas para los servicios de información exterior de Policía y Guardia Civil. Estos agentes se sumarán a otros tres centenares de funcionarios adiestrados en la lucha contra Al Qaida que se comenzaron a incorporar a sus nuevos destinos el pasado verano. El control de las siempre opacas redes financieras islamistas también será otro de los ejes de las medidas que saldrán de este Consejo de Ministros. Alonso presentará al gabinete el esperado reglamento de la Ley 12/2003 de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. Un texto elaborado por el equipo de Ángel Acebes hace ya casi dos años, pero que no ha tenido aplicación alguna a falta de su desarrollo y que ha impedido el comienzo de los trabajos de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Este órgano colegiado -del que forman parte técnicos de Interior, Justicia, Hacienda y la Fiscalía- tendrá potestad, sin necesidad de contar con el permiso de los jueces, para congelar y bloquear todo tipo de cuentas y activos monetarios sospechosos de ser parte de las tramas que sustentan a las bandas armadas por un máximo de seis meses, aunque siempre, a posteriori, las acciones de este organismo tendrán que pasar por la «supervisión judicial». El reglamento también subraya la «obligación» de las instituciones financieras de todo tipo de facilitar a los técnicos cualquier clase de información que le sea reclamada.