Diario de León

INTENTO DE DESESTABILIZACIÓN

Rebajas, denuncias y salidas del alfoz

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El consejero delegado de Los Jardines, José María Mayo, repite una y otra vez que, están usando todas las armas para «hundirle». Siempre dirige sus dardos como último culpable a la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su alfoz, que bajo este nombre incluye a los ayuntamientos de la capital, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Aportando como documentación los estatutos de la mancomunidad y de la sociedad anónima, constituida en junio del 2003, para la gestión de los servicios funerarios, Mayo afirma que esta funeraria no puede hacer servicios que nazcan fuera de los municipios mancomunados. Pero asegura tener pruebas de que esto no es así y de este modo se lo ha comunicado a los jueces de paz de varios municipios para evitar que permitan esta «práctica ilegal». «(...) cualquier servicio que preste Serfunle S.A. fuera de los términos municipales de León, San Andrés y Villaquilambre constituiría una vulneración de su objeto social de y de las condiciones del concurso por el que se constituyó. Se estaría ante un acto ilegal», indica en la misiva que remitió a todos los municipios. Denuncias laborales Como un capítulo más de los intentos de desestabilización de la empresa, tras los que el responsable de Los Jardines ve siempre detrás a su competencia, Mayo relata un último episodio. En apenas seis meses, un representante de los trabajadores denunció hasta en ocho ocasiones «con él único objetivo de desestabilizar la empresa». Según los directivos, solo una denuncia dio un resultado condenatorio para la empresa obligándola a abonar 300 euros de multa por vulnerar el derecho a descanso semanal de los trabajadores. Ese trabajador denunciante fue despedido el 31 de diciembre; el 3 de enero, tras dos jornadas festivas, empezó a trabajar en la competencia. Rebajas La documentación que Mayo maneja le permite también acusar a su competencia de realizar grandes rebajas a las compañías aseguradoras, a quienes cobra precios inferiores en mucho a lo facturado a los particulares. Estos precios, en muchos casos, no cubren costes. «Además es un agravio comparativo intolerable para los leoneses», manifiesta.

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