El Gobierno ordena a la Abogacía del Estado que impugne a la supuesta heredera de Batasuna

El Consejo de Ministros ordenó ayer a la Abogacía General del Estado que impugne las candidaturas que pretendan continuar las actividades de las ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. La iniciativa se suma a la que también ha decidido la Fiscalía General del Estado, y se ejecutará el próximo martes, una vez concluya el trabajo de las juntas electorales y el Boletín Oficial del Estado publique las candidaturas presentadas. La vicepresidenta primera del Ejecutivo no aportó pruebas ni indicios que avalen la iniciativa gubernamental. Tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega explicó que es una decisión «política» con la que el Gobierno quiere forzar que el Supremo vigile el cumplimiento de la ley y resuelva la legalidad de Aukera Guztiak. Será el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien curse las instrucciones y tome las medidas «necesarias» para impedir la presencia de los herederos de Batasuna en los comicios si el alto tribunal concluye que existe relación fraudulenta con la candidatura sospechosa. Pacto antiterrorista El Gobierno no cree que sea necesario convocar una reunión del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo para estudiar una decisión como la adoptada hoy, que en opinión de Fernández de la Vega no varía en nada la ejecución de la política antiterrorista. La vicepresidenta añadió que, a pesar de no haber consultado esta medida con Mariano Rajoy, el PP ya conocía las intenciones del Ejecutivo de impugnar la candidatura de Aukera Guztiak. La sala especial del Tribunal Supremo declaró ilegales a HB, EH y Batasuna mediante una sentencia del 27 de marzo del 2003, que obligó también a su disolución, a la cancelación de sus inscripciones en el registro de partidos políticos.