Los municipios se limitan, por ahora, a establecer tarifas simbólicas

Las diputaciones, ayuntamientos y, en menor medida, las administraciones autonómicas tienen que hacer frente cada año en sus presupuestos a una partida de gastos para servicios sociales que escapan a sus competencias y que, o bien son exclusivas de la Junta, o bien corresponden al Gobierno central y aún no han sido transferidas. La sangría de gastos que esto supone obliga a hacer equilibrios para cuadrar las cuentas. Prácticamente todo el dinero para atender las necesidades sociales de la población en forma de servicios o ayudas es público, como, por lo demás, también parece lógico, porque en caso contrario los servicios de asistencia social no tendrían razón de ser en sí mismos. Las tasas que se cobrán a los usuarios en función de sus ingresos o pensiones son mínimos y apenas varían cada año, porque en su conjunto tampoco representan nada para las arcas públicas, aunque, en ocasiones, sirvan de elemento disuasorio para las familias que pretendan abusar de ellos: en la atención domiciliaria la media es, por ejemplo, de apenas 20 euros al mes (apenas 3.500 de las antiguas pesetas) por una o dos horas de atención diaria en casa, aunque muchos usuarios, por tener rentas extremadamente bajas, ni siquiera llegan a cuatro u ocho euros al mes, o sea a mil pesetas. Se trata de cantidades simbólicas que las administraciones, incluso, preferirían anular, si no fuera por la picaresca.