La Junta inicia los trámites para derribar casas ilegales en Marbella

La Junta de Andalucia iniciara en proximas fechas los tramites para derribar 1.600 viviendas de Marbella que no se ajustan al plan urbanistico vigente. Se trata de la primera vez que la administracion autonomica se decide a exigir la ejecucion de las sentencias judiciales contra el urbanismo desaforado en la Costa del Sol, un paso imprescindible, segun los expertos, para reordenar una zona en vias de la superpoblación -más de dos millones de habitantes segun el censo y otro millón de residentes estacionales cuyo control resulta casi imposible- y para dejar sin incentivos a las mafias del blanqueo de capitales vinculadas al negocio inmobiliario. La decision de la Junta, que quedaria pendiente de una ratificacion del Supremo, es solo la punta del iceberg: las viviendas mencionadas corresponden medio centenar de edificios no ajustados al Plan General de 1986, pero una sentencia reciente del Tribunal Superior andaluz acaba de anular el pleno del Ayuntamiento marbelli en el que se aprobo el siguente plan, de 1998, lo que deja fuera de la legalidad más de 20.000 viviendas. Ejecutar sentencias El delegado provincial de Obras Publicas, Jose Maria Ruiz Povedano, advirtio el pasado viernes que es hora de dar buen ejemplo y ejecutar las sentencias. No obstante advirtio que no sera sencillo, puesto que en muchos casos se trata de viviendas ocupadas, una situacion sin prece-dentes en el municipio costasoleno. La misma opinion tiene el profesor de la Universidad de Malaga Jose Luis Diez: «Habrá terceros que actuaron de buena fe y que cuyos intereses resultarán dañados, pero la base para que la justicia pueda influir sobre los comportamientos sociales es que se cumplan las resoluciones que dicte». La mayoría de los inmuebles afectados por estas sentencias se encuentran fuera del casco urbano de la localidad y las infracciones urbanísticas que obligan a derribarlos son de lo más variopinto, desde que fueron construidos sobre zonas verdes, terrenos destinados a equipamientos sanitarios, eeducativos e incluso cauces de ríos, hasta que apenas guardan tres o cuatro metros de distancia respecto al edificio de enfrente. El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella podría contar en breve con un juez de apoyo para que se encargue del trabajo diario, con el fin de que su titular, Miguel Angel Torres, se dedique a la investigación de ese proceso. Asimismo, desde dicho órgano judicial se ha solicitado a la Junta de Andalucía un funcionario más «para que otro del juzgado se pueda dedicar de lleno a este tema», según dijo la delegada provincial de Justicia, Aurora Santos, quien apuntó que también se ha pedido un espacio para la documentación, con las correspondientes medidas de seguridad.