Atención, majestad: se abre la veda

YA LO SABÉIS, colegas de la prensa: si uno de vosotros se pasa un pelo con una de esas pelanduscas que andan por la tele, le cae una querella, lo meten en juicio por honor y debe aflojar una indemnización que le deja la cuenta temblando. ¡Ah!, pero si un político dice que el Rey es «el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia», entonces no pasa nada. Ese político hace uso de su libertad de expresión, porque el Rey es una persona pública, que «ejerce funciones públicas». Es más: decirle eso al Rey tiene categoría de «derecho constitucional». Esto que acabo de decir no es fruto de una mala noche. Es el compendio de la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, que ayer absolvió a Arnaldo Otegi de un presunto delito de injurias al Jefe del Estado. El Tribunal se cura en salud y califica las transcritas palabras de Otegi como «ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad»; pero, a pesar de tanta ofensa, impropiedad, injusticia, oprobio y falsedad, Otegi ha podido celebrar la sentencia como un atentado de ETA. No está obligado ni a rectificar. ¿Qué digo? No está obligado ni a matizar sus palabras. ¡Qué gran libertad tenemos en España! Esta sentencia será recordada como un modelo de amparo judicial a la libertad de crítica de los políticos. Uno de ellos, aunque pertenezca a una organización considerada como terrorista, no tiene límites legales a la hora de exponer sus opiniones. Es más: sancionar esas opiniones sería «vulnerar las libertades proclamadas por la Constitución». Y no se trata só lo del ámbito de la crítica política, lo cual sería aceptable. Se trata de que se puede atribuir al Rey un delito, como es la responsabilidad de torturas, y un carácter dictatorial, en cuanto «impone su régimen por la violencia». ¿De verdad, señores jueces, que eso es libertad de expresión? La mentira calculada, la calumnia, la injusticia deliberada, ¿deben incluirse entre las libertades que garantiza la Constitución? Se acaba de dar respaldo judicial a la práctica del «todo vale». A partir de ahora, cualquier representante popular enloquecido puede levantar un falso testimonio sobre la Corona, con absoluta impunidad. Insisto: no estoy hablando de crítica a la institución monárquica, que es legítima; ni de censuras a la forma del Rey Juan Carlos de ejercer la Jefatura del Estado. Estoy hablando de ofensas y falsedades. Estoy hablando, en el fondo, de un atentado a la convivencia de los españoles. Pues no es delito. Espero que no sirva de precedente para todos los otegis que hay en España. Alguno puede haber entendido que se ha abierto la veda.