El Gobierno y la Fiscalía, a favor del control masivo a los avalistas de AG

La Fiscalía General y la Abogacía del Estado -que representa los intereses del Gobierno- presentaron ayer en el Tribunal Constitucional sus alegaciones ante el recurso de amparo de Aukera Guztiak contra la sentencia del Supremo que anuló su candidatura a las elecciones vascas. En sus escritos defienden la legalidad de los procedimientos de los servicios de información para obtener pruebas contra esa plataforma. Entre esas actuaciones están la comprobación informática de los datos de sus casi 32.000 avalistas y la grabación de una charla entre un etarra y una dirigente aberzale. Una reclamación esencial planteada por Aukera Guztiak es que la sentencia del Supremo puede amparar la vulneración de derechos fundamentales de sus avalistas que están protegidos por el artículo 18 de la Constitución, que preserva los derechos al honor y la intimidad, y fija límites al uso de la informática. La candidatura denunció el «tratamiento masivo» de datos personales de sus impulsores «sin su consen-timiento y con investigación de su ideología». Datos públicos En sus alegaciones el Minis-terio Público y los servicios jurídicos del Estado contestan que, según establece la ley electoral vasca, toda la documentación de las candidaturas, incluidos los datos de sus miembros, es pública. Por tanto, subrayan, el permiso de los afectados «no era necesario» para su entrega al Gobierno y su tratamiento, medida que la Fiscalía describe como «idónea» y «necesaria» para aclarar si la lista era un apéndice de la ilegalizada Batasuna. La Abogacía del Estado recalca, a su vez, que «carece de toda base» denunciar investigación alguna sobre la ideología política de los avalistas. La Fiscalía añade en este sentido que AG no puede arrogarse el derecho de los miles de firmantes a defender su intimidad pues su vinculación con ellos se limitó a solicitar su apoyo. Admite que la simple coincidencia de un grupo político con los postulados defendidos por una banda terrorista «no es razón para disolverlo» y argumenta que «en el País Vasco hay partidos, algunos partidos de Gobierno, que comparten postulados políticos con ETA».