El Gobierno ordena empadronar a miles de inmigrantes con efecto retroactivo

Los miles de inmigrantes que residen en España desde antes del 8 de agosto del 2004, pero que no se dieron de alta en el padrón antes de esta fecha, tendrán una segunda oportunidad para poder participar en la actual campaña de regularización, en la que ya han tomado parte más de 313.000 irregulares. El Gobierno, tras varias semanas de consultas jurídicas y numerosas peticiones, va a ordenar de inmediato a los ayuntamientos que inscriban en sus registros, con efecto retroactivo, a los extracomunitarios que no se apuntaron a tiempo pese a estar ya en territorio nacional. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció que el requisito que se exigirá a los extranjeros que hasta ahora se habían quedado fuera del proceso por no estar empadronados es que antes del mes escaso que falta para el final de la regularización (19 días hábiles) presenten ante los municipios «documentos públicos fehacientes» que prueben que residían en España aunque no se dieran de alta en el padrón. El procedimiento pactado por Caldera y los agentes sociales (sindicatos, patronal y ong's) en la reunión de este lunes de la Mesa de Diálogo Social pasa por no modificar la exigencia «imprescindible» del empadronamiento recogida en el reglamento de la Ley de Extranjería y que, según han dictaminado los juristas del Ministerio de Trabajo, es «inamovible». La solución a la exclusión de estos miles de inmigrantes se basa en que los ayuntamientos accedan a utilizar de manera masiva la casi desconocida fórmula del «alta en el padrón por omisión». Se trata de una figura jurídica creada por decreto en abril 1997 por el Gobierno del PP que faculta a los consistorios a inscribir en sus registros (con alta de una fecha anterior) a cualquier vecino (no sólo extranjero) que olvidara empadronarse cuando se mudó a ese municipio. Consejo de Empadronamiento La Mesa de Diálogo Social, con el Ministerio de Trabajo a la cabeza, se apresuró este mismo lunes a enviar un escrito al Consejo de Empadronamiento para que dicte nuevas instrucciones a fin de facilitar el alta inmediata de esos inmigrantes que no se inscribieron a tiempo. Este consejo está encabezado por el presidente del Instituto Nacional de Estadística y en él que participan representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los ministerios de Administraciones Públicas y Exteriores Esta institución (dependiente orgánicamente del INE y, por tanto, del Ministerio de Economía) será la que en última instancia dé luz verde al empadronamiento masivo de extracomunitarios y, sobre todo, la que decida cuáles serán esos documentos «públicos fehacientes» que servirán para acreditar la residencia en España. Fuentes de la Administración aseguraron que entre los documentos probatorios que se estudia aceptar están las órdenes de expulsión, los visados de entrada, los contratos mercantiles, las facturas de organismos reconocidos, la apertura de cuentas bancarias o las tarjetas médicas en las escasas provincias donde se pueden reclamar sin haberse empadronado antes (caso de Andalucía). En todos estos supuestos, los papeles deben demostrar que los extranjeros se encontraban en territorio nacional antes del 8 de agosto del pasado año.