El Gobierno deja al albedrío de los alcaldes el nuevo empadronamiento

Los alcaldes decidirán el futuro de los miles de inmigrantes que no se empadronaron ante del 8 de agosto del 2004 y que hasta ahora no podían legalizar su situación en España. El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), no sólo ha delegado en los regidores la responsabilidad de fijar qué documentos serán válidos para pedir el alta en el «padrón por omisión» (la segunda vía abierta para acceder a la regularización), sino también la de decidir si revisan la fecha de registro para que los clandestinos puedan optar a los ansiados «papeles» en la campaña extraordinaria de «normalización» que concluye el 7 de mayo. La directora del INE, Carmen Alcaide Guindo, remitió ayer a todos los consistorios de España una «carta urgente» en la que da vía libre a los ayuntamientos para que empadronen por «omisión» a los «sin papeles» excluidos del registro. Un procedimiento acordado el pasado lunes el Ejecutivo y los agentes sociales reunidos en la Mesa de Diálogo Social tras constatar que un elevado número de clandestinos residentes se iba a quedar fuera de la regularización al no haber solicitado a tiempo su alta en los listados municipales. Esta petición también había sido apoyada, entre otras instituciones, por el Defensor del Pueblo. Libre albedrío Alcaide es además la presidenta del Consejo de Empadronamiento, el órgano encargado de fijar los requisitos para las futuras altas sobrevenidas. En su carta, la directora del INE deja abierta cualquier posibilidad ya que no establece los criterios mínimos exigibles para el registro de los inmigrantes y evita definir con claridad cuáles serán los documentos públicos que se aceptarán. «Dada la heterogeneidad de los distintos documentos públicos, cada ayuntamiento podrá decidir qué documentos se consideran fehacientes», aseguran las instrucciones remitidas. A modo de ejemplo, la circular sólo propone que se admitan como válidos certificados tales como las solicitudes de empadronamiento no atendidas con anterioridad, las cartillas de sanidad, las solicitudes de plaza en colegios públicos, las tramitaciones ante los organismo públicos, «etc...». El INE, que depende del Ministerio de Hacienda, tampoco se implica a la hora de fijar plazos para el empadronamiento ni homogeneiza el procedimiento de las altas entre los más de 8.000 ayuntamientos del país. Se limita a dejar a criterio de los responsables consistoriales la decisión de modificar el registro municipal para inscribir a los extracomunitarios con una fecha que sea válida para participar en la regularización. «Cada ayuntamiento tendrá la potestad de revisar la fecha de alta en el padrón municipal mediante el procedimiento de alta por omisión», son las imprecisas órdenes. Carmen Alcaide no convocará el Consejo de Empadronamiento para que aclare las dudas sobre los documentos hasta el próximo 21 de abril (dos semanas antes del fin de la regularización), y justifica la falta de concreción de sus instrucciones por la «urgencia en los plazos».