La ilegalización del PCTV le otorgaría la mayoría absoluta a Ibarretxe

La ilegalización ahora de la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas, antes de que se produzca la proclamación de los diputados electos, provocaría un vuelco en la actual composición del Parlamento que, en la práctica, le daría la mayoría absoluta a Ibarretxe, quien sólo tendría que reeditar el pacto tripartito y ganarse el apoyo de Aralar. Según expertos juristas, de producirse la ilegalización de la lista en los veinte días posteriores a la jornada electoral -es decir, antes de que las Juntas Electorales de cada territorio efectuaran la proclamación de los electos-, los más de 150.000 votos obtenidos por la candidatura aberzale serían considerados nulos, y los nueve escaños con que actualmente cuenta el PCTV serían reasig-nados entre las formaciones que obtuvieron represen-tación, de acuerdo a la Ley D¿Hont. Así, los dos escaños de Álava irían a parar al PNV y al PP, cinco de Guipúzcoa, a PNV -tres-, PSE -uno- y PP-otro- y los dos de Viz-caya se los repartirían el PNV y el PSE. En consecuencia, la coalición de Ibarretxe y Errazti quedaría con 34 diputados, que junto a los tres de la Ezker Batua de Madrazo y el obtenido en Guipúzcoa por la Aralar de Patxi Zabaleta permitirían un gobierno continuista estable sin necesidad de buscar acuerdos con el PSE de Patxi López. Pese a la insistencia de Mariano Rajoy, y a que en los últimos días han aparecido nuevos elementos probatorios contra el partido que heredó los votos de Batasuna -vinculados sobre todo a la financiación de la campaña electoral del PCTV- fuentes cercanas al Ministerio de Justicia estiman muy compleja, desde un punto de vista procesal, la posible anulación de los votos de la formación aberzale. Para ello sería necesario que la Abogacía del Estado presentase ante el Supremo un incidente de ejecución de la sentencia mediante la cual se ilegalizó a Batasuna, y que ese trámite tuviese éxito también en el Constitucional. Es decir, no se trataría de dejar fuera de la ley el partido como tal, sino de demostrar que concurrió a las urnas como un submarino de la formación de Otegi. De no llevarse a cabo ahora, los diputados del PCTV serán titulares de sus escaños con pleno derecho, y su hipotética futura ilegalización sólo provocaría, a expensas de lo que determinara la Mesa de la Cámara, la disolución de su grupo parlamentario. Respecto a la dificultad de encontrar indicios sólidos contra el partido aberzale volvió a hablar ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpi0do, que considera que no hay «cambios sustanciales» en la investigación y que sigue sin haber «datos suficientes para alterar el criterio» de la Fiscalía. Según explicó, «tratándose de un partido legal que ha superado la criba de la proclamación de candidaturas», la exigencia de pruebas «es más compleja» y la impugnación debería hacerse siguiendo los criterios genéricos de la Ley de Partidos. Según explicó el Fiscal, las exigencias establecidas por el Tribunal Constitucional para una posible ilegalización del grupo político «son muy garantistas y requieren una base muy sólida».