El Fiscal General reúne pruebas para plantear en el futuro la ilegalización del PCTV

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que su departamento, con la colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, busca aumentar los elementos de prueba que de dispone para poder instar en el futuro un proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Pero precisó que no actuará antes de que los nueve diputados del PCTV tomen posesión de sus actas y que sólo acudirá a los tribunales si tiene «la completa seguridad de que la demanda será estimada» por el Supremo y el Tribunal Constitucional. «Si no, nos abstendremos», dijo. Conde-Pumpido informó de que a día de hoy sigue sin haber elementos de prueba suficientes que permitan defender con garantías la ilegalización del PCTV. El jefe de la Fiscalía comentó que, en su búsqueda de pruebas, ha autorizado a la Guardia Civil para que haga una investigación en la que se comparen los nombres de los interventores y apoderados que trabajaron en la jornada electoral para el PCTV con los que actuaron en 2001 para Euskal Herritarrok (uno de los nombres de la ilegalizada Batasuna). Conde-Pumpido explicó que si se produce un alto número de coincidencias «puede ser un elemento probatorio importante en un futuro proceso de ilegalización», pero matizó que será «un elemento más, que se uniría a otros que existen o que pueden existir en el futuro». Interventores El fiscal general no tiene claro si será posible obtener todavía el listado de interventores de EH y tampoco si el Constitucional dará importancia probatoria al dato, pues este tribunal desechó como prueba en marzo pasado las decenas de personas vinculadas a Batasuna que dieron sus firmas para que Aukera Guztiak pudiera presentar su candidatura. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ayer que el estudio de las listas de interventores electorales pedido por el fiscal general le parece «un acto más» dentro de la investigación que nunca han dejado de hacer el Gobierno y la Fiscalía para saber si el PCTV cumple con la Ley de Partidos o no. El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, muy al contrario, dijo sobre la medida acordada por Conde-Pumpido que «la presión es tanta (para se inste la ilegalización del PCTV) que hoy (el fiscal) tiene que salir con alguna noticia». «Es de vergüenza ajena y una tomadura de pelo, una especie de lavado de cara», concluyó. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, insistió en que el Gobierno actuará «con total determinación» para solicitar la ilegalización del PCTV «cuando exista un claro supuesto».