Los sindicatos exigen la intervención en la mesa del carbón de esta tarde
Los sindicatos mineros aprovecharán que esta tarde se celebra una reunión de la mesa de seguimiento del plan del carbón para exigir al secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, que el Ministerio de Industria intervenga de forma inmediata en el conflicto entre Endesa y el Grupo Alonso en cumplimiento del papel de tutela de los contratos de suministro entre empresas mineras y eléctricas que le otorga el documento regulador del sector. Al margen de la función de mediación entre las partes o de arbitraje directo a la hora de establecer los precios del carbón, a lo que el Ministerio se muestra reacio por considerarlo una responsabilidad de las dos empresas afectadas, las federaciones mineras de CC.OO. y UGT reclamarán medidas transitorias que permitan que los mineros cobren sus salarios, algo que en este momento constituye la prioridad absoluta para los sindicatos. Liberar las ayudas pendientes Para conseguirlo, los sindicatos quieren que el Ministerio agilice el abono de las ayudas al funcionamiento que tienen pendientes de cobro las empresas del Grupo Alonso, que sólo en la MSP ascienden a 42 millones de euros, que este año se están retrasando para adecuar los expedientes a la nueva legislación. En el caso de que este proceso se tenga que demorar aún, los representantes de los trabajadores propondrán medidas transitorias por parte del Ministerio, que podrían pasar por que la Administración certifique que las empresas tienen concedido este dinero, y así los bancos puedan adelantarlo para hacer frente a las nóminas. En cualquier caso, las dos centrales se marcan como una exigencia irrenunciable para la reunión de hoy el que el Ministerio afronte sus competencias de tutela sobre el cumplimiento de los contratos entre minas y centrales térmicas, una obligación que consideran clara. Un compromiso firmado Alberto González, secretario minerometalúrgico de CC.OO, recuerda en este sentido que Fernández Segura suscribió hace sólo unas semanas un documento que compromete al Ministerio a vigilar el cumplimiento de los contratos, una firma que se produjo para calmar los ánimos ante la incertidumbre que provocó el reparto de emisiones de Co2 derivado del protocolo de Kioto, pero que considera perfectamente aplicable a la situación actual.