Los costes se han triplicado

Los empresarios de desguaces son pocos y no están asociados en ninguna patronal, pero se conocen todos y coinciden a la hora de valorar la nueva normativa en que para ellos está suponiendo un gran esfuerzo adaptarse para no cerrar el negocio. Según un portavoz de Desguace Barrera, una de las tres mayores empresas del sector en la provincia, ubilada en el polígono industrial de Onzonilla y con capacidad teórica para tratar cada año 1.900 vehículos, casi la mitad de los que se dan de baja cada año, los desguaces han pasado de ser simples depósitos de chatarra en lugares más o menos apartados a industrias propiamente dichas, todo ello en el plazo de apenas un año o dos con todo tipo de controles medioambientales. «Eso nos ha exigido», según las mismas fuentes, «una fuerte inversión que no todos pueden asumir, de forma que en el futuro quedaremos una docena o poco más en el sector para toda la provincia: por ejemplo, nosotros hemos tenido que gastar el equivalente a 50 millones de las viejas pesetas en instalaciones añadidas, realizar cursos de formación de personal y contratar a más gente o empezar aquí mismo con depósitos y contenedores de residuos previamente segregados, aunque el problema se podría complicar aún mas: por ejemplo, en la normativa no se dice todavía nada de los cristales, pero podría llegar con el tiempo o con cualquier otro tipo de materiales». «Todo lo hacemos nosotros» Antes del 2006 todos los desguaces censados en la provincia deberán acomodarse a la nueva normativa, lo que les supondrá, como mínimo, hacer frente a un incremento del 300% en sus costes de funcionamiento, incluídos créditos para la inversión en instalaciones y más gastos de personal y nóminas. «Eso no lo van a poder soportar muchos, aunque, por otra parte, seguiremos los que ya estábamos aquí de toda la vida, porque el resto no podrán mantener esto como actividad marginal, sino que tendrán que dedicarse a lo suyo, ya sea como pequeños talleres, ya como venta de repuestos o ya como simples chatarrerías, aunque éstas últimas van a tener que cumplir la misma normativa que nosotros». Junta y Tráfico han desplazado también a los viejos desguaces el grueso de la burocracia y controles para vigilar que los vehículos en desuso no acaben en cualquier cuneta: sólo los siete desguaces autorizados hasta ahora o la docena que pueda tener permiso en el futuro podrán recoger coches de desecho, cada sehana hay que dar un parte a tráfico detallando matrículas y modelos y cada quince días es obligatorio hacer otro tanto con los materiales que se reciclan y desechan, lo que convierte a las empresas casi en una doble sucursal de ambas administraciones públicas. El coste administrativo de estas tareas ha sido asumido por las empresas, que se han tenido que resignar a él, según todas las consultadas por este periódico, la mayoría de las cuales prefieren permanecer en el anonimato y eludir cualquier protesta para no molestar a los poderes públicos, aunque todas coinciden en que se ha publicado una normativa que les sale gratis a los gobiernos regionales y a menudo es ruinosa para las pymes. Otra cosa es que gran parte de ellas incumplieran sistemáticamente las más elementales medidas de protección del medio ambiente, lo que las condenaba inevitablemente a desaparecer, sólo por sentido común y policía sanitaria.