Rajoy diseñó el plan como ejemplo para toda España

Tras la derrota electoral del 14 de marzo de 2004, el presidente del PP, Mariano Rajoy, acordó con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, abordar la reforma de su estatuto de autonomía para que se convirtiera en un ejemplo a seguir para el resto de España. Según Camps, el texto pactado entre populares y socialistas valencianos «no cambia nada» el modelo fiscal y judicial actual e incluso asegura que «fortalece más la unidad de España» porque es un precedente que no altera la Constitución ni leyes del Estado. El nuevo estatuto valenciano es reivindicado por los populares como la «guía» a seguir en todas las Comunidades Autónomas y el «modelo» con el que el PP quiere demostrar que es capaz de abordar reformas territoriales, respetando el consenso con el otro partido mayoritario y sin tocar la Constitución. Realmente, el texto que van a tramitar las Cortes valencianas es el resultado de un empeño de casi una década, que inició Eduardo Zaplana y ha logrado llevar a buen término su sucesor. El de la Comunidad valenciana era el único estatuto de autonomía que no había sido modificado, como lo fueron en los años noventa tanto los de las comunidades históricas como los de las que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 143 de la Constitución. Los valencianos querían lograr, fundamentalmente, la capacidad de disolución anticipada de que disponen los presidentes de Cataluña, Galicia, País vasco y Andalucía. En San Millán Al principio de la legislatura, Camps planteó a Rajoy abordar cuanto antes la reforma y éste le pidió que esperara unos meses hasta que el partido definiera unos principios básicos para todos los cambios territoriales, a los que debería atenerse la norma autonómica valenciana. En octubre de 2004, los barones autonómicos del PP pactaron el documento de San Millán de la Cogolla, en el que abandonaban su acérrima oposición a las reformas territoriales y fijaban las líneas básicas de sus planteamientos ante el proceso que se avecinaba imparable. «Queremos demostrar que el PP es capaz de pactar con el PSOE, de respetar los consensos y hacer una reforma que no rompe el modelo de financiación, el del poder judicial ni la Constitución», explica Camps. Otros dirigentes argumentan que han querido establecer en el texto valenciano los límites que van a exigir al PSOE en otros estatutos por reformar. Es más, Camps asegura que fue el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le planteó dos límites claros a la reforma: que el nuevo estatuto no modificara, en ningún caso, leyes básicas del Estado y que no estableciera una agencia tributaria con competencias plenas. Precisamente, la definición de las competencias fiscales del nuevo servicio tributario fue uno de los escollos finales de la negociación que Soraya Sáenz de Santamaría tuteló desde la dirección nacional del PP con su partido en Valencia hasta la misma mañana del martes en que se cerró el acuerdo, cuando las llamadas telefónicas entre Camps y Rajoy se multiplicaron. La secretaria no tiene dudas de que ha sido un triunfo de su partido. «El PSOE ha venido a nuestro terreno», dijo.