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León

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El plan Ibarretxe está muerto y enterrado. Ese es el argumento esgrimido por el Tribunal Constitucional (TC) para no estudiar la queja presentada por el Gobierno de Navarra, que denunció que el proyecto de nuevo estatuto vasco que impulsó el Ejecutivo de Vitoria invadió sus competencias al prever incluso una posible anexión territorial. Un temor que, para la alta corte, carece ya de virtualidad una vez que, el pasado 1 de febrero, el Congreso rechazase la propuesta soberanista a la que dio nombre el lehendakari Juan José Ibarretxe. El Gobierno vasco aprobó y remitió al Parlamento de Vitoria una propuesta de nuevo estatuto de autonomía. Pudo haber sido un interesante debate jurídico, pero el plan Ibarretxe superó el debate parlamentario en Vitoria y llegó al Congreso, donde fue rechazado para una muy amplia mayoría. El rechazo en el Congreso «ha venido a poner fin a la iniciativa» del Gobierno vasco, recoge la resolución adoptada ayer, porque «no ha llegado a formalizarse en una norma de Derecho, condición necesaria en este caso para que su contenido pudiera tenerse por capaz de afectar a las competencias normativas».

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